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Hebert Gatto
Si la importancia del proyectado impuesto a la concentración de tierra se evaluara por su impacto recaudatorio, podría pensarse que ha merecido una atención excesiva. Sesenta millones de dólares, en tiempos de dólares flacos no justifican que el gobierno haya planteado una polémica que dividió sus filas y lo malquistó con la oposición. Pero es bien sabido que la política no se reduce a lo notorio e inmediato. La rodea una dimensión simbólica que a menudo importa más que los propios hechos.
Muchas veces hemos insistido que la izquierda en su conjunto alberga una particularidad genética que la lleva a dividirse aquejada de una mitosis irreprimible: tan pronto comienza a desarrollarse conforma dos tendencias que terminan por oponerse. Una radical, convencida de la necesidad de transformar el capitalismo en un socialismo hegemonizado por el proletariado. Otra, más realista, que se contenta con sujetar al capitalismo de mercado a ciertas limitaciones impuestas por el Estado para conseguir en democracia, así lo expone, niveles razonables de justicia social. Ésta, en su síntesis, es la historia misma de la izquierda.
La primera de estas corrientes fue la que eligió el Frente Amplio fundacional, cuando, inspirado en el éxito del comunismo, la revolución parecía a su alcance. Actualmente luce debilitada por la caída del imperio soviético, pero aún es hegemónica en el movimiento sindical. La segunda se plasmó en las muchas variantes de la social democracia, hoy algo escasas de imaginación.
Este esquema, simplificadamente expuesto, pero correcto en lo esencial, no resulta aceptado, ni por los partidos ni por los dirigentes frentistas, que por no asumirlo se eternizan en debates semánticos respecto a si deben "actualizar", "renovar", o "retocar", las sagradas bases programáticas. Es obvio que no lo asumen porque el mismo revela que existió y existe una izquierda totalitaria que junto a una derecha de sus mismas características asoló el siglo XX. De allí las dificultades de este gravamen que enfrenta a ortodoxos con seregnistas.
Mujica, confuso entre los confusos, tal como ha hecho siempre, se bambolea entre ambos extremos. Un día otorga en secreto ventajas fiscales al mayor latifundio del país, al otro lo grava con un impuesto como este. No trepida en someter a su ministro a la humillación de concurrir al Parlamento a defender un proyecto en el que no cree. Éste, sin renunciar, acepta tamaña encomienda. Vázquez, más decidido pero menos sincero, pontificando desde el paraíso, como estila, propone superar el diferendo con buena voluntad y espíritu generoso, como si los temas ideológicos se superaran con arrestos emocionales. Algo que bien se cuidó de hacer cuando la discusión versó sobre el aborto, donde impuso en solitario su voluntad soberana. Por su lado el actual vicepresidente, adepto a una obediencia que a menudo confunde con sumisión, termina por suscribir un proyecto en el que no cree, en "aras de la unidad frentista". Da otra muestra de lo que un político no debe hacer: prestar conformidad en principio, a una medida que entiende negativa para la economía de su país. Una mala forma de hacer política.








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