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E. DELGADO / E. BARRENECHE

El Ministerio del Interior y el INAU cuestionaron el accionar del Poder Judicial. Los magistrados respondieron las críticas, que consideraron injustificadas.

A 24 horas de que un tribunal de apelaciones de Familia pro-hibió el uso de módulos metálicos para internar menores, el INAU comunicó que un juez rechazó la solicitud de internar a un menor que luego fue baleado durante una rapiña.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, también manifestó cuestionamientos al Poder Judicial, sostuvo que la disolución de los Tribunales de Faltas (en realidad eran juzgados) terminó con la primera barrera de contención de delito y que los detenidos por daños, agresión o desacato pasan "unas horas" hasta que son liberados por los jueces penales.

El jueves 11, una sargento de Policía disparó en la cabeza a un menor rapiñero de 17 años que ingresó a su negocio con intenciones de asaltarlo. La mujer fue liberada. El menor se encontraba con medidas sustitutivas aplicadas por el juez de Menores Hugo Morales.

Según fuentes del INAU, el organismo envió un informe al magistrado el 28 de julio de este año señalando que el adolescente, que poseía 96 entradas en la Justicia de Menores, había violado las penas alternativas y pedía que sustituyera éstas por privación de libertad del menor en un hogar del organismo.

Por su parte, Salsamendi dijo a El País que era frecuente que los jueces no acataran los informes técnicos del Instituto. El juez Morales expresó a El País que, luego que el INAU informó sobre el incumplimiento de las medidas alternativas a la prisión, solicitó la detención del adolescente.

Explicó que al solicitar la requisitoria del adolescente, el expediente se detiene hasta que la Policía capture al adolescente o éste sea atrapado por cometer otro delito.

"El menor debe ir a una audiencia, se le escucha sobre las razones que lo llevaron a no cumplir con las medidas alternativas y recién ahí se decide o no privarlo de libertad. Hubo casos en que los menores justificaron por qué violaron las medidas alternativas y no se les envió a prisión", expresó.

Delito. En tanto, el Poder Judicial salió al cruce de Bonomi. Tanto en la Suprema Corte de Justicia como en la Asociación de Magistrados sorprendieron las críticas del secretario de Estado y, desde ambas instituciones señalaron el error de Bonomi en mencionar al "desacato" como una falta, cuando es un delito.

La presidenta de la Asociación de Magistrados, Anabella Damasco, recordó que los juzgados de Faltas de Montevideo fueron transformados en Juzgados Laborales de Instancia única, "en mérito a la necesidad de atender la creciente demanda de asuntos a raíz de la aprobación por el Parlamento de la llamada ley de abreviación de juicios laborales".

Aclaró que "el desacato, la agresión (traumatismo o lesiones ) y el daño doloso son delitos y no faltas".

Para Damasco, la preocupación de las autoridades del Ministerio del Interior "podrían ser dilucidadas en el ámbito parlamentario", donde están todos los proyectos de reforma del sistema judicial penal.

Destacó lo importante que es "adoptar una política criminal adecuada y con el máximo respeto de los derechos y las garantías constitucionales", a lo que los jueces pueden aportar, "siempre para construir y no para criticar decisiones puntuales. En las situaciones puntuales ejerceremos nuestra jurisdicción en el marco de la Constitución y la ley" .

Damasco consideró que la implementación de respuestas "a las conductas que agreden la pacífica convivencia no pasan solamente por la creación de nuevas figuras delictivas ni endurecimiento de las penas".

En ese sentido, indicó que las reformas procesales penales que se hicieron en la mayor parte de los países latinoamericanos "proponen por ejemplo la mediación penal, o la existencia de juzgados de pequeñas causas para atender las presuntas inconductas (desordenes, daños, delitos culpables, controversias vecinales, etc.)".

Damasco aclaró además que las faltas más comunes que se tramitan actualmente "nada tienen ver con desacatos o agresiones", y que se sancionan con multa y no con prisión.

Fuentes de la Suprema Corte expresaron que el desacato "no es falta sino un delito y como tal debe ser investigado". Las mismas fuentes recordaron que la galantería ofensiva, la exhibición pornográfica y la mosqueta son consideradas faltas. Resaltaron que la falta de juzgados de faltas -cuya competencia pasó a los juzgados penales- no puede de ninguna manera incitar a cometerlas.

Barrera. En declaraciones a radio Sarandí, Bonomi fue crítico con la actuación de la Justicia. Afirmó que la disolución de los juzgados de Faltas terminó con la primera barrera de contención de delito y que los detenidos por daños, agresión o desacato pasan "unas horas" hasta que son liberados por la Justicia.

El jerarca consideró que es "como darle un certificado (a quienes cometen la agresión) que diga: dale, seguí así que no hay problema". Bonomi dijo que los jueces penales no atienden las detenciones por faltas porque "están saturados por casos penales" y que la Policía "no puede cambiar la conducta de la sociedad".

DESACUERDO. El lunes 15, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno prohibió definitivamente el uso de módulos de acero para internar menores por considerar que estos violaban derechos humanos.

El INAU nunca habilitó un establecimiento conformado íntegramente por contenedores en General Flores y Bulevar Artigas a la espera de la resolución judicial. Ayer, en una conferencia de prensa, el presidente del INAU, Javier Salsamendi dijo que la decisión judicial "nos ha complicado la grave situación de hacinamiento" de los centros. "Estábamos planteando un sistema provisorio y de emergencia con los contenedores", explicó. Señaló que se acata y respeta el fallo pero "no lo compartimos", porque "no toma en cuenta la realidad de la situación del INAU y sí apunta a un ideal".

El departamento jurídico del INAU inició una auditoría en el Hogar Cimarrones para investigar el funcionamiento general de ese centro, dijo a El País el presidente del Instituto, Javier Salsamendi. Cimarrones es el único hogar de semilibertad del sistema: los menores salen a trabajar o estudiar durante el día y de noche deben pernoctar en el centro.

Según el jerarca, se ha detectado la existencia de casos que "no corresponden con las medidas alternativas" a la privación de libertad.

Otras fuentes del INAU explicaron a El País que algunos adolescentes reconocieron en juzgados de Menores que no cumplían con los horarios dispuestos por la Justicia y cometían rapiñas de día y se iban a dormir al establecimiento por la noche.

En el 2010, un menor reconoció ante la Justicia que conocía casos de internos que ingresaron armas al hogar Cimarrones.

Por otra parte, el Directorio del INAU decidió suspender por dos meses al director del Hogar Ituzaingó de la Colonia Berro por utilizar a un grupo de menores en el 2006 que oficiaban de "guardia de seguridad" ante los restantes internos, a cambio de beneficios. En la jerga del INAU, esas "guardias" se denomina "calefones". Se trata de una práctica reñida con los derechos humanos porque los integrantes de esa guardia someten a los restantes adolescentes por medio de golpizas para evitar motines y movilizaciones.

El jerarca sancionado es un importante dirigente del sindicato del INAU.

El Hogar Ituzaingó es considerado un centro modelo de la Colonia Berro. Las autoridades del INAU consideran que el director sancionado debe extender la experiencia de Ituzaingó en el Hogar La Casona, centro que será reabierto a mediano plazo.