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El Pit-Cnt apoya el impuesto a la tierra, pero agrega otras medidas como la eliminación de exoneraciones tributarias al agro, prohibir la figura de la SA en el sector rural y equiparar los aportes rurales con el resto de la actividad.

Estos planteos son parte de un documento del Instituto Cuesta Duarte, centro de estudios económicos del Pit-Cnt, a propósito del impuesto a la concentración de tierras que impulsa el presidente José Mujica.

En el documento, el instituto del Pit-Cnt señala que el impuesto al agro se enmarca dentro del debate sobre los "escasos avances" para reducir la desigualdad y "cierta incapacidad" para sentar las bases de un modelo de desarrollo económico más inclusivo.

Y recuerda que en un documento anterior sobre cambios tributarios planteaba que "un modelo de desarrollo con justicia social, que redistribuya, solo se construye con una política impositiva que priorice la tributación directa. Aquello del que más tiene, más pague", y en relación a la situación particular del agro se preguntaba: "¿Es correcto que el sector productivo con más renta y al que más le aumentó el valor de la propiedad, ni siquiera pague el impuesto a Primaria?".

"En los últimos años se ha venido observando un fuerte dinamismo del mercado de compra-venta de tierras. Entre 2000 y 2010 se registraron 26.276 operaciones, por un total de 6,4 millones de hectáreas, un área equivalente al 39% del total de la superficie disponible. El 88% de las transacciones realizadas fueron de establecimientos menores de 500 há cada uno, lo que indica que son los pequeños productores quienes están abandonando sus tierras y dando lugar al aumento del latifundio", afirma el Instituto Cuesta Duarte.

Al hacer un análisis de la propuesta del presidente Mujica, el documento valora "positivamente" la implementación de un impuesto a la tierra. En primer lugar, porque "una medida de estas características supone un avance hacia un sistema impositivo más justo y progresivo en la medida en que grava a un sector minoritario de la población que se encuentra en una situación privilegiada al disponer de la propiedad de grandes extensiones de un recurso natural escaso como es la tierra".

Y en segundo lugar, porque "a diferencia de otras formas de capital que ante un impuesto eventualmente pueden optar por retirarse a otros mercados, el impuesto a la tierra tiene la ventaja de que obviamente este factor productivo permanece en el país generando trabajo y producción nacional".

Según el instituto del Pit-Cnt, el nuevo impuesto, por su magnitud, no desalentará inversiones extranjeras.

Considera además que la efectividad del impuesto dependerá de que el monto del impuesto "opere verdaderamente como un desincentivo a la concentración, castigando en mayor medida a las propiedades más grandes. En este sentido, parecería deseable que el impuesto no fuera fijo en el tiempo sino que variara" según el precio de la tierra.

"Adicionalmente, a los efectos de avanzar en la desconcentración, un requisito previo consiste en conocer quiénes son los propietarios de la tierra y por ende, eliminar la figura de la sociedad anónima al portador como posible titular de establecimientos rurales", plantea el documento.

Al final, el documento del Pit-Cnt plantea cinco puntos a agregar: eliminación de la exoneración del Impuesto al Patrimonio, reimplantación del Impuesto a Primaria, revisar exoneraciones a la ley de Inversiones, eliminar totalmente la sociedad anónima al portador como posible titular de establecimientos rurales, y equiparar el aporte a la seguridad social del sector rural con el resto de las actividades.

Cuesta Duarte: Centro económico del Pit-Cnt apoya el impuesto al agro de José Mujica.

El Pit-Cnt no comparte el destino que prevé darle el gobierno a los US$ 60 millones que recaudará por el impuesto a la tierra.

Opina que destinar ese dinero a financiar obras de infraestructura, beneficiaría directamente a quienes pagarían el impuesto. "El gasto público se financia con los aportes de toda la sociedad que a través de Rentas Generales permiten financiar el sistema educativo, el sistema de salud, la seguridad, la infraestructura y muchos otros servicios. Que un gobierno considere prioridades es algo totalmente legítimo y tiene todas las herramientas para hacerlo, pero no es bueno que el gasto se ordene en función del aporte de cada contribuyente", dice el documento del Instituto Cuesta Duarte.

En ese sentido, considera que un mecanismo de "devolución de recursos" a los propietarios de tierras mayores de 2.000 hectáreas "resulta inconveniente y debe ser el conjunto de la sociedad quien defina -a través del gobierno- las prioridades de gasto en cada momento".