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Matanza. Evalúan si fue para regular precio
FABIÁN TISCORNIA
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- resolvió iniciar una investigación de oficio por la presunta matanza por parte de dos avícolas de 50.000 pollitos BB cada una.
El órgano oficial resolvió solicitar a las avícolas Calpryca y Avícolas del Oeste por la vía de un oficio (que fueron denunciadas por el diputado del MPP, Esteban Pérez en una nota publicada en El País el pasado sábado), al diputado denunciante y al presidente de la Asociación de Faconeros de Pollos, Daniel Pereyra -que en la nota mencionaba que cuatro avícolas habían incurrido en esa práctica- a que "aporten los datos" que tengan, revelaron a El País fuentes oficiales.
"Anteayer (por el pasado miércoles 3) Avícola del Oeste y Calpryca mataron 50.000 pollitos BB cada una y es presumible que otras (avícolas) hayan hecho lo mismo", había dicho Pérez a El País. La Comisión tomó conocimiento a través de esa declaración del caso y resolvió iniciar una investigación de oficio.
Pérez había expresado que la matanza de pollitos BB "puede traer consecuencias en varios sentidos: en el precio al consumidor (con un aumento del pollo al mermar la oferta), sobre los productores faconeros al no tener pollos para crianza y puede pegar también en la industria frigorífica avícola", con envío de trabajadores al seguro de paro al no tener faena por 45 días.
A su vez, Pereyra había dicho a El País que eran "cuatro" las avícolas que llevaron adelante esa práctica "con distinta cantidad" de acuerdo a su participación en el mercado pero prefirió no mencionar cuáles.
La investigación se realiza en el "mismo expediente" que la Comisión aún tiene abierto respecto a la presunta matanza de pollos BB que cinco avícolas (Calpryca, Avícola del Oeste, Granja Tres, Arroyos, Tenent y El Poyote) realizaron en agosto de 2009 para regular el precio del pollo según había denunciado Pérez, dijeron las fuentes.
En esa ocasión, las firmas Avícola del Oeste y Granja Tres Arroyos afirmaron a la Comisión que realizaron acciones de retiro de huevos de las incubadoras.
Los informantes señalaron que la práctica de matar pollos BB o apagar incubadoras, "no es ilegal per se", es decir si cada empresa lo resolvió individualmente.
"Sí es ilegal si se hizo de manera concertada" entre dos o más empresas, explicaron.
Cuando dos o más firmas que compiten en un mismo mercado se ponen de acuerdo para restringir o limitar la producción de un bien o servicio, se le denomina "colusión" y es una práctica expresamente prohibida por la ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Si uno de los miembros que participó en el acuerdo lo denuncia o aporta pruebas suficientes que "permiten la sanción de los restantes infractores" se lo considera un atenuante, según el decreto reglamentario de la ley.
Las fuentes señalaron que en el proceso que se inició en 2009 hubo "dificultades probatorias" para poder sancionar.
"Si se comprueba que este comportamiento (de las avícolas) es colusivo y afecta al consumidor (al encarecerse el precio del pollo) se tomarán sanciones" dijeron las fuentes.
Mientras esta investigación se procesa, el Ministerio de Ganadería citó a la Mesa Avícola para la próxima semana a fin de conversar con los actores del sector por este tema.
Denuncia: La hicieron el diputado Esteban Pérez y el faconero Daniel Pereyra.








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