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GASTÓN PÉRGOLA

Las tres compañías de telefonía celular llegaron a un "principio de acuerdo" ayer para crear una plataforma que permita intercambiar información sobre los aparatos robados y extraviados, a fin de darlos de baja y desestimular su comercio ilegal.

Después que la Ursec (Unidad Reguladora de Servicios en Comunicaciones) planteara a las compañías de telefonía celular la necesidad de buscar soluciones para desestimular el robo de celulares -a través de intercambio de información de aparatos robados- las partes llegaron a un preacuerdo ayer para empezar a trabajar en su implementación. En la reunión participó, además de la Ursec y las empresas Antel, Claro y Movistar, el Ministerio del Interior.

El objetivo consiste en poner en marcha un sistema de intercambio de información de aparatos robados y extraviados, para que una vez denunciados por los usuarios las compañías los den de baja de forma inmediata, sin posibilidad de uso.

Hoy sucede que un celular hurtado, una vez que el usuario afectado realiza la denuncia, es dado de baja por la empresa prestadora del servicio, pero el mismo puede ser "destrabado" y vuelto a usar en cualquiera de las otras dos compañías. Al compartir información de los dispositivos móviles robados (los aparatos poseen un número de identificación denominado "código Imei") todas estarían en condiciones de bloquearlo.

De esta forma, se desestimularía el robo de dispositivos móviles -tanto en la vía pública como en los centros de venta-, que hoy en pocos minutos y con "poca carga de mercadería hurtada" pueden llevarse varios miles de dólares.

Sin embargo, por ahora solo existe principio de acuerdo entre las compañías ya que su puesta en marcha llevará "un largo tiempo", aseguran desde la Ursec. "Sabemos que es necesario frenar este circuito perverso de robo de celulares, que hoy funciona como moneda de cambio. Nos reunimos con las tres compañías y están de acuerdo también. Pero su implementación va a llevar un tiempo", dijo a El País Gabriel Lombide, presidente de Ursec, alegando que existen dificultades operativas a solucionar. "Se sigue trabajando a buen ritmo, pero el camino está lleno de dificultades operativas", se limitó a informar Lombide.

En principio, la idea es que el ente regulador sea el encargado de nuclear la información de los dispositivos robados. También se buscará establecer un control sobre la venta de "chips prepagos", que al día de hoy se comercializan hasta en puestos callejeros, y se establecerán requisitos más severos para la habilitación de líneas.

"Estamos de acuerdo en hacerlo, en que aquel equipo de teléfono que se encuentre en lista negra (como robado) ninguna de las tres compañías lo active. Sería algo muy positivo porque termina con el hecho de que robar un celular sea atractivo para los delincuentes. Es un granito de arena que podemos aportar como empresas para contribuir a mejorar la seguridad", se refirió Horacio Albarellos, director de Claro en Uruguay.

Sobre las dificultades técnicas y operativas, el principal de Claro expresó que existen pero que ninguna de ellas son un obstáculo insalvable para llevar adelante la propuesta.

DESESPERACIÓN. Quienes están hoy en una situación desesperante -y aseguran que se lamentará una tragedia si no se actúa rápido- son los agentes de venta de celulares de Ancel. Hace pocos días, un total de 19 agentes, que tienen a cargo 98 locales y más de 400 empleados, enviaron una carta a la presidenta de Antel, Carolina Cosse, en la que pedían "buscar una solución" al constante azote de robos que sufren.

"Se están registrando entre tres y cuatro robos por semana a distintos locales de venta de celulares. Es una situación insostenible. Algunos tuvieron que cerrar sus puestos de venta y buscar otra forma de ganarse la vida, y otros lo están pensando seriamente", dijo tajante Gabriel Pérez, agente de Ancel ubicado en la zona del Centro, que ya sufrió tres robos, uno de ellos en pleno día y que tuvo como saldo un empleado herido de bala.

En el último atraco, cuenta Pérez a El País, con apenas una mochila los delincuentes se llevaron mercadería por valor cercano a los US$ 20.000. "Claro que es flor de negocio para los delincuentes venir por acá. Con poca carga y en pocos minutos se llevan mucho dinero. Es un tema de negligencia del gobierno y angurria de las compañías. Con un acto administrativo se puede arreglar. El gobierno tiene que hacer algo y rápido para evitar una muerte, que ya está siendo anunciada", espetó Pérez. El temor no sólo comprende a los centros de venta de celulares, sino también a muchas víctimas que son asaltadas en la vía pública.

"Los teléfonos celulares robados son moneda de cambio. Es como robar efectivo. La mayoría se usan para cambiarlos por droga y se venden instantáneamente. Esta `facilidad` para comercializarlos, estimula su hurto y ocasiona decenas de arrebatos en las calles y otras modalidades delictivas, con preocupante aumento de las rapiñas a nuestros locales", se expresa en la carta enviada a la presidenta de Antel, Carolina Cosse, y firmada por los 19 agentes de venta de celulares de Ancel, que concentran a más de 400 empleados. Según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2010 se verificó un total de 136.063 delitos contra la propiedad. En una alta proporción de esos delitos uno de los bienes robados fue un celular.