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Pablo Da Silveira
Un viejo chiste político dice que la izquierda no piensa distinto que el resto, sino más despacio. Al menos en el terreno educativo, la broma parece haber adquirido una triste actualidad.
Cuando, en el año 2006, el gobierno del presidente Váz-quez se embarcó en la organización del primer Congreso Nacional de Educación, varias voces se levantaron diciendo que esa reunión no reflejaría los puntos de vista de la sociedad sino que funcionaría como una caja de resonancia al servicio de los sindicatos y de algunos aparatos políticos. En ese entonces, los principales jerarcas del MEC dijeron que esa crítica era una maniobra opositora para bloquear la participación popular. Sin embargo, el Director General del propio MEC, Pablo Álvarez, reconoció en abril pasado que en aquel congreso había existido una presencia excesiva de dirigentes sindicales y admitió que "hubo gente que se sintió aparateada". Desde la cúspide del ministerio que diseñó, convocó y puso en marcha aquella mascarada, se reconocía el problema que antes había sido negado.
Cuando se presentó el texto de la actual la Ley de Educación, varias voces señalaron que la incorporación de los representantes docentes a los consejos de ANEP era una pésima idea porque implicaba subordinar la lógica ciudadana a la lógica corporativa. La bancada oficialista ignoró el punto y votó masivamente a favor de la norma. Pero hoy se escuchan voces que admiten que aquello fue un error, entre otras cosas porque dejó al gobierno sin capacidad de impulsar políticas propias. Entre quienes lo dicen se cuenta el diputado José Carlos Mahía, que tuvo un rol protagónico en la defensa de la nueva ley. El gesto de honestidad es apreciable, pero hubiera sido mejor pensarlo antes.
Durante muchos años la izquierda hizo una defensa a ultranza de la autonomía, alineándose con las posiciones más extremas de los sindicatos. Durante casi todo ese tiempo gobernaban otros, de modo que hacerlo era gratis. Pero ahora las cosas se ven desde otro ángulo. Primero, el Ministro Ehrlich extremó recursos retóricos para tomar distancia con el pasado y habló de trabajar en los límites de la autonomía. En los últimos días, el vicepresidente Astori dijo claramente que el régimen de autonomía es un "obstáculo" para la existencia de una "conducción nacional" de la educación. También este cambio de opinión es saludable, pero es penoso que haya demorado tanto.
La lista podría continuar. Por ejemplo, al artículo 43 la Ley de Educación aprobada en 2008 habla a favor de la autonomía de los centros educativos y de la permanencia de los docentes en un mismo local de estudios. Todo el artículo va contra la buena técnica legislativa, que desaconseja servirse de las leyes para expresar deseos. Pero lo curioso es que, cuando ese tipo de propuestas aparecieron en la escena uruguaya a fines de los años noventa, la izquierda las rechazó con ferocidad acusándolas de neoliberales. Quince años después las admite en la retórica, aunque todavía no las lleva a los hechos.
Demorar en aprender es humano, pero hay que hacerse cargo de los costos. Sobre todo cuando los pagan otros.





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