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Vamos Uruguay, el sector de Pedro Bordaberry, presentó un plan para dar protección social y pecuniaria a las víctimas de delitos. En el proyecto de ley se instituye, además, la figura del Comisionado Parlamentario para atender a los damnificados.

En caso de aprobarse esta ley del diputado Fitzgerald Cantero, las víctimas de delitos tendrán derecho a recibir una indemnización o reparación patrimonial que el juez determine, la que pagará el delincuente o, en su defecto, el Estado.

El dinero para esa indemnización se obtendrá a partir de la creación de un fondo que se nutrirá con el 20% de lo que el Estado destina anualmente al rubro publicidad en sus diversas modalidades.

Con respecto a este fondo, Cantero explicó que "entendemos que es un recorte de gastos estatales que no afecta la marcha de ninguna gestión, sino que por el contrario es altamente protector de la población más vulnerable, que es víctima de un delito y no tiene cómo resarcirse de él, ni económica, ni emocionalmente".

La iniciativa de Cantero establece, además, que la víctima de un delito tendrá asistencia letrada y psicológica gratuita. Los profesionales que actúen en estos casos podrán percibir sus remuneraciones descontándolas de las obligaciones tributarias que tengan con el Estado, según una disposición de este proyecto de ley.

La iniciativa crea el Estatuto de las víctimas, cuyos principios son el de asistencia letrada y psicológica gratuita, la información y accesibilidad a las actuaciones policiales o judiciales, el reconocimiento de una indemnización o reparación dignas, el derecho a la comparecencia en el proceso penal y ante el Ministerio Público, la protección reforzada de la intimidad de la víctima y el principio de justicia restaurativa.

RETIRADOS. A su vez, el diputado nacionalista Amin Niffouri presentó otro proyecto de ley autorizando al Ministerio del Interior a contratar a oficiales policiales retirados, por lapsos de doce meses, para la Policía Comunitaria.

"Muchos de los efectivos que se jubilan de la actividad policial cuentan con experiencia y capacidad, atributos acumulados por el ejercicio de la actividad durante años. Incluso la mayoría mantiene las aptitudes físicas que se requieren para la tarea de combatir el delito", explicó el legislador de Aire Fresco por Canelones.

Según la iniciativa, el Ministerio del Interior seleccionará a los funcionarios retirados quienes serán contratados con el último grado que ostentaban en actividad. Asimismo, prestarán funciones preferentemente (a criterio de la autoridad competente), en el departamento de la república donde se desempeñaron en los últimos cinco años de servicio, para no afectar la correlación familiar.

Sobre la remuneración, se les abonará determinada cantidad sin afectar el haber de pasividad, dice el proyecto de ley.

Entre los requisitos para ser contratado se cuentan el hecho de no haber sido condenado en causa penal, ni estar sometido a proceso penal.