Unos 500 de 1.700 colonos son morosos

EDUARDO BARRENECHE

Cerca de 500 de las 1.700 fracciones que fueron adjudicadas por el Instituto de Colonización incumplen los pagos de las rentas. Hay 70 colonos que recibieron intimaciones judiciales de pagar lo adeudado o serán desalojados de las tierras.

"La ley de colonización nos permite flexibilidad pero llega un momento en que también hay que hacerla cumplir. Si no regularizo esa situación, ¿cómo va a poner impuestos el gobierno a las grandes extensiones de tierra?", dijo a El País el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Andrés Berterreche. "Es decir, no tengo la más mínima fuerza ética para hacer esa propuesta" tributaria, explicó.

El titular de Colonización señaló que el Instituto "es flexible" y espera cuatro años de incumplimientos antes de iniciar intimaciones por desalojo. "En este momento hay 70 colonos que fueron intimados judicialmente en todo el país", dijo.

Consultado sobre las cifras del sindicato de cañeros de Artigas (UTAA), que señaló que había unos 400 colonos en todo el país en el sistema de gestión de cobros del organismo, Berterreche respondió que "puede llegar a ser esa cifra. La idea del Instituto es regularizar la situación", reiteró.

El jerarca de Colonización no deseó dar detalles sobre las ubicaciones de los predios deudores tras argumentar que en esas colonias también había colonos que cumplían con los pagos de los arrendamientos.

En tanto, fuentes judiciales indicaron a El País que una decena de intimaciones se encuentran en el Juzgado de Bella Unión. La mayor parte de los colonos está asentada en el norte y en el litoral del país. Un mapa del Uruguay situado en el despacho de Berterreche muestra que prácticamente no hay colonias en los departamentos de Lavalleja, Cerro Largo y Rocha. "Ahí también tenemos demandas de tierras", expresó.

condiciones. La renta que cobra el Instituto a un colono representa el 50% del precio de arrendamiento de mercado. El otro 50% del precio es subsidiado por el Estado.

La normativa establece que el colono será desalojado si no paga durante dos años. El ar- tículo 68 de la ley 11.029, de 1948, habilita al organismo a ser flexible y el plazo se puede extender por otros dos años. "Ahora al cuarto año, el colono deberá pagar o será objeto de intimación judicial. No hay otra manera", expresó.

En abril de este año, Ney Thedy, un cañero de 70 años, fue desalojado por orden judicial de un predio de la Colonia Eduardo Acevedo, en Artigas. El hecho originó protestas y movilizaciones de los "peludos" de Bella Unión.

plan. En 2006 se aplicó un plan para morosos que refinanciaba deudas hasta 12 años. Ahora el Instituto recibe dinero a cuenta de la deuda y otorga más plazos al colono, dijo Berterreche.

El Instituto tiene 6.000 aspirantes a tierras. "Nosotros ponemos la cara por los colonos pero también por aquellos que quieren ser colonos", señaló Berterreche en alusión a la necesidad del organismo de cobrar a los incumplidores.

En este momento, hay 1.700 fracciones individuales. Dentro de ellas trabajan unos 2.500 colonos en predios individuales y colectivos. Hay otros 1.000 colonos que son propietarios de sus tierras pero sus producciones se enmarcan dentro de la ley de Colonización.

Además de pagar su renta, los colonos tienen otras obligaciones: vivir en el campo, no subarrendar la tierra, producir directamente y que la explotación sea el principal ingreso del productor.

Según Berterreche, la mayor parte de los colonos pagan sus rentas. Agregó que estas son la principal fuente de ingresos de la institución: US$ 8 millones anuales. En tanto, los gastos de funcionamiento rondan los US$ 7.5 millones. Queda muy poco para invertir, reconoció. "Por eso tenemos que terminar con las morosidades históricas para invertir en tierras para los propios colonos", dijo.

LEJANÍA. En algunas colonias, el Instituto detectó que colonos violan la normativa al no vivir en el predio o realizar subarrendamientos sin autorización del organismo.

"Hay colonos de distintas partes del interior del país que viven en Montevideo. Eso no lo podemos aceptar", señaló.

El Instituto realizó 50 intimaciones a colonos de Artigas por no vivir en el predio ganadero. Esas irregularidades fueron detectadas por técnicos de las regionales del Instituto.

Otro problema que enfrenta el organismo son los múltiples casos de subarrendamientos de tierras sin autorización a Colonización. Los colonos tienen potestad de arrendar un 25% de su campo pero deben solicitar un permiso al organismo. Además, tienen que pagar un porcentaje del arrendamiento. No siempre lo hacen. "Por esta causa también hay intimaciones en todo el país", expresó.

"Peludos" reclaman más tierra para vivir

El sindicato de cañeros de Bella Unión (UTAA) advirtió que en un plazo breve "se habrá mecanizado el 35%" de la cosecha de la caña de azúcar en esa zona norteña, lo cual "generará el desempleo de unos 500" trabajadores. "Se viene la mecanización de ALUR y eso provocará un problema social porque se perderán esas fuentes de trabajo", dijo a El País el presidente de UTAA, Jorge Rodas. El gremio exige tierras a Colonización para que esos "peludos" desempleados tengan donde trabajar. "Los plazos se agotan", dijo.

El presidente de Colonización, Andrés Berterreche, afirmó que la mecanización podrá "mejorar la productividad de los propios peludos". Agregó que "el proceso no es de hoy para mañana" y en caso de que surja un problema social en Bella Unión, este deberá ser enfrentado por todo el Estado en forma integral. "Colonización da tierras. En Artigas hay varias colonias. Pero no en Cerro Largo, Treinta y Tres o Rivera. ¿Es eso justo?", dijo.