Defensa sancionó a 14 proveedores navales por "compras fantasmas"

PABLO MELÉNDREZ

El Poder Ejecutivo eliminó del Registro de Proveedores del Estado a tres empresas vinculadas a las maniobras fraudulentas en la Armada, entre ellas la firma de los hermanos Trocki. También fueron sancionadas por un año otras 11 empresas.

La resolución, firmada por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, implica a las empresas que participaron en las maniobras de simulación de compras en la Armada y a otras firmas vinculadas en hechos irregulares en torno al manejo de fondos de la fuerza de mar provenientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esos hechos están siendo investigados por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, que en 2010 dispuso los procesamientos de varios oficiales navales, entre ellos el excomandante Juan Fernández Maggio.

La decisión oficial de sancionar a las empresas proveedoras de la Armada implicadas en las maniobras se tomó en función de los resultados de una investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Defensa en enero de 2010.

Del total de 14 empresas, tres fueron eliminadas del Registro de Proveedores del Estado, por lo que no podrán volver a realizar contratos con ninguna otra dependencia oficial, explicó a El País el director general de secretaría del Ministerio de Defensa, Jorge Delgado.

El jerarca informó que la secretaría de Estado tiene en curso más investigaciones administrativas en torno a otras empresas, por lo que no descartó que próximamente se aprueben más sanciones.

Las empresas que fueron eliminadas del Registro de Proveedores del Estado son Gustavo Trocki, Zetamerica S.A. y Seafort Capital S.A., según la resolución oficial que fue divulgada a través del sitio web de la Presidencia de la República.

Estas tres firmas incurrieron en "irregularidades en cuanto al cabal cumplimiento de la obligación de entrega de los bienes adquiridos por parte del Comando General de la Armada", afirma la resolución.

Los hermanos Gustavo y Daniel Trocki eran los principales proveedores de la Armada. Según lo que pudo probar la jueza Gatti, Daniel facilitó una cuenta bancaria a su nombre en la filial de Nueva York del banco Hapoalim a una empresa ficticia inventada por la Armada para simular la compra de un banco de pruebas para motores.

Por ese hecho, la fiscal Mónica Ferrero pidió su citación, pero desde principios de agosto de 2010 los hermanos Trocki y sus familias se encuentran en Israel, país donde cuentan con ciudadanía y residencia.

La jueza Gatti y la fiscal Ferrero probaron que la Armada simuló en 2008 la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600.000. Las magistradas siguen indagando la responsabilidad de otros oficiales y empresarios en otras 16 compras inventadas.

En pocos días, la jueza Gatti remitirá ese expediente a la fiscal Ferrero para que resuelva si pide nuevos procesamientos. En este caso se encuentran altamente comprometidos dos almirantes en actividad.

SUSPENDIDAS. A su vez, el Ministerio de Defensa suspendió por un año a 11 empresas proveedoras de la Armada que participaron en maniobras irregulares en torno a compras realizadas con fondos de la ONU.

Durante el lapso que dure la sanción, estas empresas no podrán realizar operaciones con ningún organismo estatal, según la resolución firmada por el presidente Mujica y el ministro Rosadilla.

Estas empresas incurrieron en "diversas irregularidades en la documentación de operaciones de compraventa de mercadería, tales como la existencia de operaciones sin emisión de la correspondiente factura comercial", dice la resolución.

Las 11 empresas suspendidas son: Cabilfox S.A., José Migdal y Cía, Refit Ltda., Ferragus Ltda., Aguamarina, Multiser S.R.L., Acribel S.A., Kerlident, Royal Twin, Barbados S.A. y Melco Desings.

Facturas "truchas"

El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, procesó sin prisión a la propietaria de Acribel S.A. y Multiser S.R.L. por defraudación tributaria, según informó el miércoles el diario El Observador. La mujer emitió facturas apócrifas para de esa forma evitar los aportes tributarios.