Semproni pasó al Tribunal de Ética

El Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó una carta ante la Mesa Política del Frente Amplio, en la que solicitó el pasaje del diputado Víctor Semproni al Tribunal de Conducta Política.

Semproni no acató la resolución del Plenario Nacional del FA que obligaba a los legisladores de la coalición a votar a favor del proyecto anulatorio de la Caducidad. El diputado argumentó en contra de la iniciativa y se retiró de sala al momento de la votación en la madrugada del viernes 20

La resolución de enviar el caso al Tribunal de Conducta Política fue tomada ayer por el Ejecutivo del MPP. El dirigente Raúl Speroni (encargado de Medios y Propaganda) dijo a El País que durante el encuentro se calificó como "lamentable" la postura que asumió Semproni.

El coordinador de bancada de Diputados del MPP, Gonzalo De Toro, explicó a El País que el pedido del sector obedece a una cuestión de forma, ya que el diputado no podía solicitar el Tribunal de Conducta Política sin el respaldo del grupo al que pertenece.

A consecuencia de la actitud asumida por Semproni sobre el tema de la Caducidad, la relación con sus compañeros de bancada quedó deteriorada. Hoy será la primera reunión de diputados de la coalición, desde que fracasara la anulación de la Caducidad.

El diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) dijo a El País que volverá a plantearle a Semproni que no participará de las reuniones de coordinación mientras él concurra.

En tanto, ayer en la Mesa Política del Frente Amplio se manejó la existencia de un supuesto acuerdo entre legisladores del MPP para trancar la aprobación del proyecto anulatorio en Diputados. "Si no era Semproni, era otro el que no lo votaba, eso lo sabemos todos", dijo a El País un integrante de la Mesa Política.

Por otra parte, la coalición de izquierda realizó un llamado público para que todos los frentamplistas trabajen para "erradicar una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que condenó a Uruguay a eliminar los obstáculos que impiden investigar lo sucedido en dictadura.

En la declaración se señala la necesidad de "realizar un severo análisis crítico y autocrítico" acerca del proceso que condujo al fracaso de la anulación de la Caducidad. En tanto, se remarcó la necesidad de "no cerrar el debate, ni saldar el tema de la impunidad".