Frente Amplio convocará a otro plenario para rever la anulación

VALERIA GIL

El Frente Amplio convocará a un Plenario Nacional el sábado 14, para levantar el mandato que obliga a sus legisladores a aprobar el proyecto anulatorio de la ley de Caducidad. El MPP y Asamblea Uruguay plantean como alternativa la derogación.

A dos semanas de la fecha estipulada para aprobar el proyecto interpretativo de la Caducidad en Diputados, el Frente Amplio (FA) busca otras alternativas para dejar sin efecto la norma.

El Secretariado Ejecutivo del FA dio ayer el primer paso para revisar el tema en la interna, al proponer una moción a la Mesa Política a fin de que se vuelva a convocar a un Plenario Nacional para el sábado 14.

En la reunión del Secretariado, los diputados Aníbal Pereyra (MPP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), concurrieron como invitados e informaron a los sectores sobre la propuesta del constitucionalista Martín Risso para dejar sin efecto la norma.

Risso sostiene que el Poder Ejecutivo -por vía de un decreto- puede anular los actos administrativos de otros gobiernos que impidieron juzgar a militares que cometieron delitos durante la dictadura y cuyos casos fueron incluidos en la ley de Caducidad.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay (AU) trabajan en una alternativa conjunta que incluye la propuesta de Risso y, al mismo tiempo, la derogación de la ley de Caducidad.

Este planteo, fue manejado ayer dentro de una reunión de bancada de legisladores del MPP como una posible solución a las diferencias que existen en el Frente sobre la ley de Caducidad. El diputado del sector, Edgardo Rodríguez, dijo a El País que la propuesta intenta contemplar la posición contraria al proyecto interpretativo que tiene el presidente José Mujica.

"No podemos mirar para otro lado, en el MPP tenemos una postura de respeto a las organizaciones que trabajan con el tema de los derechos humanos, pero estas cosas tenemos que mirarlas con mucho equilibrio y probablemente esta ley que se pretende votar no logre los objetivos de verdad y justicia que todos los uruguayos buscamos", explicó Rodríguez.

En tanto, AU está trabajando a pedido del vicepresidente Danilo Astori, en un borrador de un proyecto de ley para derogar la Caducidad. Ayer, los diputados Carlos Varela y Orrico se reunieron con legisladores del MPP para diseñar una única propuesta.

Por su parte, el senador Carlos Baráibar (AU), dijo a El País que respecto a esta nueva propuesta "persiste una duda jurídica, acerca de si una norma puede derogar una ley que fue presentada a referéndum".

Dentro del MPP, el diputado Walter De León propondrá otra salida para anular la Ley de Caducidad.

El legislador dijo a El País que planteará a la bancada del Espacio 609 que se elabore un proyecto para que se prolongue el plazo de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura por un período de 15 años. En tanto, opinó que "para los casos que no son cosa juzgada, el Poder Ejecutivo debería aplicar la solución planteada por Risso".

Según dijo, "la ley caería por sí sola, porque la Suprema Corte de Justicia mantiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad caso a caso".

Estas alternativas que se promueven serán puestas a consideración este fin de semana en la Dirección Nacional del MPP.

En tanto, la CAP-L y Alianza Progresista, sectores que desde un inicio manifestaron reparos con el proyecto interpretativo, están de acuerdo con la convocatoria de un nuevo Plenario que permita lograr una alternativa al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad.

El diputado Juan Carlos Souza (CAP-L) dijo a El País que "la ley interpretativa tiene grandes falencias y más que solucionar problemas, constituye un grave error al desoír la opinión de la ciudadanía".

Con una posición intermedia, el Partido Socialista (PS) resolvió anoche "ceñirse a la disciplina partidaria y votar la interpretativa, hasta que no haya otra resolución del Plenario", dijo a El País el diputado Yerú Pardiñas.

Asimismo, el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) indicó que "se votará el proyecto interpretativo y si se quiere otra alternativa se la debe presentar en un nuevo Plenario".

En el otro extremo, un bloque compuesto por el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y el Nuevo Espacio se mantiene en su posición de votar el proyecto interpretativo el próximo 19 de mayo y no está dispuesto a aceptar otros caminos alternativos.

El senador Eduardo Lorier (PCU), dijo a El País que se "debe respetar la resolución del Plenario del Frente Amplio y aprobar el proyecto interpretativo en Diputados". En ese sentido, agregó que solo un nuevo Plenario, puede revocar el mandato expreso que se les impuso a los legisladores.

Según Lorier, la postura de Mujica "no es acertada ni en tiempo, ni en lugar. Se tuvo meses para plantear alternativas y el Plenario ya había saldado la discusión", aseguró.

Por su parte, el diputado Luis Puig (PVP) dijo a El País que más allá de la posición de Mujica, "nos mantenemos en que hay que seguir adelante con las resoluciones del Frente. El compañero Astori votó esta resolución en el Senado, por tanto el FA tiene que dar un mensaje claro y categórico hacia el futuro", aseguró.

En una declaración emitida ayer, el PVP "reafirma su pleno respaldo a las resoluciones democráticamente asumidas por el Frente Amplio, que a lo largo de 40 años ha construido un patrimonio colectivo que va más allá de dirigentes y sectores". Además, se sostiene que "no se puede soslayar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" que pidió eliminar los "obstáculos" que impiden investigar las violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Además, se expresa que "las sentencias de la Suprema Corte de Justicia reiteran la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y obligan al sistema político a buscar las formas de eliminar sus efectos".

El Nuevo Espacio se mantiene en su decisión de votar el proyecto y este lunes emitirá una resolución al respecto. El diputado Felipe Michelini prefirió no hacer comentarios.

En tanto, el diputado Javier Doreen Ibarra (Fidel) indicó que su grupo considera "un retroceso contemplar lo que piensa Mujica a esta altura, cuando estaba todo definido".

"Los derechos humanos son los que engloban a toda la vida"

El presidente José Mujica ratificó los conceptos vertidos a los legisladores oficialistas el miércoles 4, durante una reunión en el Parlamento, en su audición de ayer por la emisora privada M24.

"Para nosotros los derechos humanos engloban toda la vida. Los derechos humanos son la seguridad de trabajo, de techo, de atención de la salud, de posibilidades de educación, particularmente de aquellos que han sido más postergados", sostuvo el mandatario.

El presidente pronunció estas palabras en momentos en que se debate sobre la aprobación de la ley interpretativa para anular los efectos de la ley de Caducidad.

Ante sus legisladores, Mujica pidió que se analicen las consecuencias políticas que tendrá la anulación de los efectos de la caducidad desoyendo los pronuciamientos de la ciudadanía.

Fórmula Risso que acuñó Astori

El abogado constitucionalista y docente de la Universidad Católica, Martín Risso, presentó la semana pasada una propuesta a los integrantes de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados mediante la cual, sin necesidad de dejar sin efecto la ley de Caducidad, se podrían retomar las investigaciones judiciales que en su momento se truncaron por la inclusión de los casos en la norma.

La idea de Risso, que cuenta con el apoyo del MPP y de Asamblea Uruguay, implicaría que el Poder Ejecutivo emita un acto administrativo que revoque "todos sus actos anteriores que consideraron diversos casos comprendidos en la ley de Caducidad", según la propuesta elaborada por el abogado.

De esa forma, a criterio de Risso, "se cumpliría" con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "eliminando obstáculos pasados y futuros derivados de la interpretación y aplicación de la ley de Caducidad, minimizando riesgos jurídicos".

Sin embargo, el abogado aclara que la solución que él propone también puede ser objeto de cuestionamientos debido a que hay una corriente doctrinaria que sostiene que el principio de "cosa juzgada" que rige a nivel judicial también se aplica en la vía administrativa. Uno de los especialistas que sostiene tal extremo es el experto en Derecho Administrativo Augusto Durán Martínez.

Risso explicó que con la alternativa que él propone, no se incurriría en ninguna acción contraria a la Constitución. A su juicio, al igual que el de la mayoría de los abogados constitucionalistas, la ley interpretativa que deja sin efecto la ley de Caducidad viola la Carta Magna en cuanto aplica una norma en forma retroactiva.

Consultado ayer por El País, el abogado indicó que por el momento no ha recibido nuevas consultas de parte de legisladores.

Risso, junto a sus colegas Felipe Luzardo, Daniel Vignali, Carmen Asiaín y Miguel Langón, asistieron el pasado 27 de abril a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, donde brindaron su opinión técnica respecto al proyecto interpretativo que anula la ley de Caducidad.

Los especialistas, aunque con algunos matices, coincidieron en que la norma a estudio es inconstitucional y que, en los hechos, derivará en una andanada de recursos ante la Suprema Corte de Justicia.