EDUARDO DELGADO
Las cancillerías de Uruguay y Argentina acordaron que, a partir de enero de 2012, las tareas que realicen las delegaciones de cada país en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) que no refieran a generar y administrar energía no se lleven a cabo en la sede conjunta del organismo.
La medida busca preservar la imagen de la CTM, tras acusaciones de irregularidades en la gestión de dinero por parte de la delegación argentina. Por ello, las cancillerías acordaron que las actividades que no guarden relación con el funcionamiento del complejo no se realicen allí.
Las dos delegaciones, pero fundamentalmente la argentina, desarrollan tareas sociales. La delegación del vecino país es responsable de los pagos a ribereños que son afectados por inundaciones provenientes del lago de la represa, los que se concretan en la sede de la CTM. En Uruguay, el tema de los propietarios de tierras ribereñas fue acordado en la década de 1980.
Denuncia. El agrimensor argentino Fernando Alba Posse denunció que fue despedido de la CTM y amenazado de muerte, luego de denunciar ocupaciones indebidas de terrenos y el excesivo pago de indemnizaciones a propietarios ribereños que sufrieron inundaciones, informó el medio argentino Perfil. El monto malversado ascendería a unos US$ 5 millones.
En febrero, cuando debía definirse si Alba Posse pasaba de contratado a funcionario efectivo de la CTM- decisión que debe ser unánime-, el presidente de la delegación argentina Juan Carlos Cresto comunicó a su par uruguayo Gabriel Rodríguez que no lo quería como funcionario, por lo que fue cesado. Ana María Huergo, esposa de Alba Posse, envió una carta sobre lo ocurrido a los presidentes Cristina Fernández y José Mujica.