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El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) cuestionó a la jueza Mariana Mota por un polémico fallo en el que consideró "obsoleto" el principio de que nadie está obligado a declarar en su contra en un juicio penal.

La gremial, en una declaración divulgada en las últimas horas, señala que la afirmación de la magistrada es "opuesta a los principios" del Derecho en Uruguay y "descalificadora del principio de inocencia consagrado" en la Constitución.

La polémica en torno a la jueza se desató a principios de marzo, cuando se conoció públicamente su decisión de mantener el procesamiento con prisión del coronel (r) Carlos Calcagno, acusado por la desaparición de dos militantes del PVP en Paraguay en 1977.

En ese fallo, Mota opinó que el principio de que nadie está obligado a declarar en su contra es "obsoleto y profundamente injusto". Agregó que "está hoy claramente derogado por la regla moral que preside el debate judicial" y por el deber de "veracidad" que prevé el Código General del Proceso.

Para Mota, el "arcaico" principio jurídico "implica una frontal transgresión al deber de cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad relevante de los hechos controvertidos, que es una concreta manifestación de los deberes de veracidad, lealtad, probidad y buena fe que presiden el debate judicial".

Sin embargo, el CAU, en su declaración, sostiene que "contrariamente" a lo que dice la magistrada, el principio de no autoincriminación en investigaciones penales es una "parte fundamental del principio de inocencia".

Por ese motivo, se trata de un criterio jurídico que "no es obsoleto de ningún modo y sigue constituyendo uno de los pilares de nuestro sistema de garantías de los derechos humanos", añade la gremial de los abogados en el texto.

El CAU aclara que sus consideraciones son de tenor jurídico y que no implican un cuestionamiento personal contra la magistrada Mota.

Asimismo, el CAU exhorta a que "la aplicación de las nuevas teorías se haga cuidando con celo extremo las garantías y los derechos de todos los involucrados, por más repulsivas que puedan resultar las imputaciones que se les formulen".

A mediados de marzo, a raíz de la divulgación de la resolución de la jueza Mota, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre alertaron que el criterio de la magistrada implica que "todos estamos bajo libertad condicional y debemos probar nuestra inocencia", dijo Batlle.

Incluso, el ex presidente y ex vicepresidente tuvieron una reunión con el titular de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, a quien le plantearon su inquietud por el contenido de la resolución de la jueza Mota, pero la Corporación no encontró mérito para iniciar una investigación administrativa contra la magistrada.

PERRINI. La jueza Mota y la fiscal Ana María Tellechea se hicieron presentes el jueves en el departamento de Colonia, donde realizaron un inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 4, donde en 1974 falleció a causa de la tortura el preso político Aldo Perrini.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2010 por los familiares del hombre fallecido, que fue detenido el 26 de febrero de 1974 y murió el 3 de marzo de ese mismo año.

Durante casi dos horas, la jueza Mota, la fiscal Tellechea, testigos y familiares de la víctima, recorrieron las instalaciones de la unidad militar. Funcionarios de Policía Técnica realizaron un relevamiento fotográfico del lugar.

Aldo Perrini, hijo del fallecido, dijo que la familia presentó la denuncia con el objetivo de saber qué ocurrió con su padre. "Los años pasan y uno quiere saber", señaló.