PABLO DA SILVEIRA
La renuncia del senador Fernández Huidobro es un misterio. Si realmente pensaba que lo que se votaba era un "mamarracho" contrario a los derechos, ¿por qué dio su voto? Su respuesta es que lo hizo por disciplina partidaria. Esto ya es bastante grave, dado que ese atavismo leninista está reñido con la democracia parlamentaria. Si todos actuaran así, no haría falta un Parlamento sino una pequeña reunión de jefes de partido con voto ponderado. Pero, ¿por qué no renunció antes? Su respuesta es que no quiso ser responsable de ese adefesio, pero el haberlo votado lo hace tan responsable como el resto. ¿Para qué entonces renunciar más tarde? ¿Se trata de un autocastigo?
Esta extraña actitud parece un resumen del mar de incongruencias en el que navega la izquierda cuando se trata de los derechos humanos. Hace poco más de un año, los uruguayos votamos para decidir si se anulaba la Ley de Caducidad. El principal impulsor de esa consulta fue la izquierda. Pero como los ciudadanos dijimos que no, surgió la tesis de que las mayorías no deben tener la última palabra en esta materia.
En cierto sentido eso es verdad, pero quien lo acepte no debe convocar a un referéndum para buscar la última palabra, sino recurrir a la Suprema Corte de Justicia. La izquierda, en cambio, no sólo convocó al referéndum sino que luego consideró insuficiente la declaración de inconstitucionalidad aprobada por la Corte. Y por último decidió llevar las cosas al Parlamento, lo que es una manera indirecta de volver a recurrir a la mayoría.
Todavía hay más incongruencias. Las mismas figuras que sostienen que una decisión mayoritaria no puede justificarlo todo aplauden a Hugo Chávez, que apela a un supuesto apoyo mayoritario para justificar su poder sin límites.
Si Chávez cuenta o no con apoyo mayoritario es algo difícil de saber, dado que él mismo anuló la independencia del poder electoral. Pero, aunque lo tuviera, eso no lo convertiría en un gobernante legítimo. Un gobierno que cuente con el apoyo de la mayoría puede violar los derechos de las minorías. De ahí la importancia de un Poder Judicial y de órganos de control que no estén sometidos a los ciclos electorales y sean independientes de los demás poderes del Estado.
La democracia liberal combina el principio de soberanía popular con la noción de gobierno limitado. Quien acepta esto no puede decir que todas las decisiones de Chávez sean legítimas, sólo porque supuestamente cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Hitler también lo tenía.
Por último, una razón esgrimida para justificar la anulación de la Ley de Caducidad fue la presión de los organismos internacionales. Pero cuando la OIT quiso mandar una misión para observar el modo en que se respetan los derechos de todas las partes en la vía laboral, muchos en la izquierda se opusieron. ¿Los organismos internacionales sólo sirven cuando me favorecen? Todas estas fisuras sugieren una realidad inquietante: la izquierda uruguaya no se toma en serio el Estado de Derecho, es decir, el orden jurídico propio de la democracia liberal. Sólo tiene con él un matrimonio de conveniencia.
"Los mismos que dicen que una mayoría no puede justificarlo todo aplauden a Chávez".