"La caducidad y la amnistía son hijas de su tiempo"

DANIEL ISGLEAS

Los discursos revisionistas pautaron la sesión de ayer del Senado. El Frente Amplio sostuvo que se quiere juzgar conductas aún punibles, y la oposición dijo que las leyes de Caducidad y de Amnistía son "hijas de su tiempo".

Uno de los argumentos reiterados por la oposición fue el incumplimiento por parte del Frente Amplio de la decisión ciudadana en los plebiscitos de 1989 y 2009 que ratificaron la ley de Caducidad. Hubo incluso citas a José Artigas sobre el respeto a la voz del soberano, y el recuerdo de varias instancias donde la coalición de izquierda apeló al mecanismo de democracia directa.

Blancos, colorados y el frenteamplista Jorge Saravia, anunciaron que esperaban que el presidente José Mujica vete la ley interpretativa de la Caducidad una vez aprobada el próximo 4 de mayo, porque afirmaron que contradice sus mensajes de la campaña electoral de 2009, además de ser inconstitucional. Mujica dijo que nunca vetaría una ley aprobada por el Parlamento.

La sesión comenzó sobre la hora 9.30 con la mitad de las barras ocupadas y con no más de veinte personas concentradas afuera del Palacio Legislativo. A lo largo del día, aumentó un poco la cantidad de público en las afueras del Palacio Legislativo, pero con escaso entusiasmo.

El primer orador fue Oscar López Goldaracena -suplente del comunista Eduardo Lorier- miembro informante de la mayoría. Se refirió al castigo previsto por organismos internacionales para acciones de lesa humanidad como la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extra sumarial, las cuales sostuvo son "conductas punibles en una norma que estaba vigente cuando se cometieron".

López Goldaracena, abogado defensor de varias de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura, se apoyó en recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia que declararon la inaplicabilidad de la ley de Caducidad.

Recordó que normas internacionales consideran "inadmisibles" las cláusulas de prescripción en los delitos referidos, y que leyes como la 15.848 (Caducidad) "carecen de efecto jurídico".

"Los militares de hoy no se merecen tener una mochila que los marque", sostuvo y agregó que el Senado tiene la oportunidad de "enmendar su error político de 1986" cuando aprobó la ley de Caducidad.

UN PITO. A continuación, Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) fue más directamente a los argumentos políticos y se retrotrajo a los últimos años de la dictadura, cuando recordó dos acciones populares de "censura" al gobierno del momento, como el plebiscito de 1980 que marcó el rechazo a una reforma constitucional propuesta por los militares, y las elecciones internas de 1982 donde ganaron los sectores más opositores a la dictadura.

"No se había derribado al régimen, sino que se había acordado con él. Había que buscar soluciones porque quedaban profundísimas heridas abiertas", agregó, y recordó que primero se aprobó una ley de amnistía a los presos políticos en marzo de 1985, apenas asumido el gobierno del colorado Julio Sanguinetti. Para Gallinal, "quizás se debió hacer una sola ley" con amnistía para presos políticos y militares.

Gallinal historió otros hechos hasta llegar a los plebiscitos de 1989 y 2009 ratificatorios de la ley de Caducidad, y consideró que este proyecto interpretativo "es una bofetada a lo que la gente opinó".

"Como dijo (el senador frenteamplista Rodolfo) Nin Novoa, de ahora en adelante que el Frente nunca más recoja una firma ni convoque a un plebiscito porque es mentira. Les importa un pito lo que diga el pueblo", sostuvo Gallinal, recordando una frase de Nin Novoa, en contra de anular la ley de Caducidad pero que ayer no participó de la sesión.

Según Gallinal, las leyes de Caducidad y de Amnistía "son hijas de su tiempo y solo así pueden entenderse. Hoy serían unánimemente rechazadas por el Parlamento".

"Quienes se beneficiaron de la ley de amnistía no tienen autoridad ni derecho a votar esta ley porque le están generando al país más problemas", sostuvo, y dijo que el presidente Mujica es "quien tiene más autoridad moral y ética" para vetar la ley interpretativa.

El tercer orador fue el colorado Ope Pasquet, quien recordó que en 1989 tras la sanción popular a la ley de Caducidad, el entonces líder frenteamplista Líber Seregni declaró el acatamiento de su fuerza política al veredicto de las urnas.

Pasquet se opuso al argumento de que en 1989 se rechazó la anulación de la ley por miedo a la dictadura, como argumenta el Frente Amplio, por considerar que nueve años antes, en 1980, la gente votó contra la dictadura en pleno régimen y no hubo consecuencia alguna. "Dos pronunciamientos populares son categóricos. No hay ley que pueda compararse", añadió.

También criticó al ex presidente Tabaré Vázquez por decir que las mayorías a veces se equivocan. "Si así piensa el Frente Amplio ¿por qué convocó a la gente a votar en 2009?. La incongruencia es flagrante, patente", afirmó.

Pasquet dijo que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA no debe usarse como argumento porque lo que dice es que la ley de Caducidad no puede impedir el avance de las investigaciones del caso Gelman.

"Esta ley permitió encontrar un camino de institucionalidad. Gregorio Álvarez está preso y José Mujica es presidente. ¿De qué democracia tutelada hablamos?", preguntó Pasquet.

Luego, el frenteamplista Rafael Michelini sostuvo que los militares que a partir de la anulación de la ley de Caducidad, sean llevados ante la Justicia, tendrán todas las garantías del debido proceso.

Más tarde, Eber Da Rosa, de Alianza Nacional, dijo que la prueba más grande de que la ley de Caducidad "no fue simplemente una ley de amnistía o de impunidad, es que la Justicia ha actuado y procesado a militares y policías".

"Militares presos podrían quedar en libertad"

El senador de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle, consideró que la aprobación del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, puede tener "un efecto no deseado" por el Frente Amplio: la libertad de los militares y policías que están presos al amparo de esa norma, tanto los que están en la prisión de Domingo Arena como el general Miguel Dalmao que está en el Regimiento de Coraceros. "Tendrán que irse para su casa porque se extinguirá el sustento jurídico de su proceso actual. Luego se hará otro proceso y probablemente vuelvan, pero…", advirtió el senador blanco.

Lacalle habló de las tres leyes sobre las cuales se arbitró la salida democrática: la ley de reposición de funcionarios públicos, la ley que amnistió a los presos políticos y la ley de Caducidad. También dijo que la ley de Caducidad fue "una injusticia" aunque destacó que fue "adecuada a la realidad" del momento. Negó que esa ley haya sido votada bajo presión.

"Con la idea de defender a la justicia, se la está violentando por la vía de afectar el estado de derecho. ¿Por qué hasta ahora el Frente no usó las mayorías para derogar la ley de Caducidad?", preguntó.

Anunció que se presentará un proyecto para la reparación a las familias de las víctimas civiles y militares caídas a manos de los tupamaros, "lo que hasta ahora no se hizo". Señaló que "la ley no interpreta sino que innova. Con eso alcanza para no existir". También cuestionó que se considere ilegítima a la ley de Caducidad, precisando que podrá o no gustar, pero todas son legítimas porque las votó el Parlamento.

Detenido presenta a Mujica de testigo

PABLO MELÉNDREZ

Antonio Viana, un ex dirigente tupamaro detenido en 1974 por fuerzas parapoliciales en Buenos Aires y luego trasladado clandestinamente a Uruguay, presentó una denuncia penal ante la jueza Mariana Mota para que se investigue su caso.

Viana fue el primer uruguayo detenido ilegalmente en Buenos Aires y llegó a estar recluido e incomunicado varias semanas en distintas unidades carcelarias. En ese momento, todavía no se había producido el golpe de Estado en Argentina.

El abogado Pablo Chargoñia presentó el lunes 11 una denuncia pidiendo, en representación de Viana - quien actualmente reside en el departamento de Rocha- para que se investigue su detención, traslado a Montevideo y la tortura que padeció estando preso en Uruguay.

Chargoñia dijo a El País que en la denuncia se solicita investigar un caso de "tortura", "desaparición forzada" y "privación grave de libertad", delitos previstos en la normativa de la Corte Penal Internacional.

El abogado indicó que entre los testigos propuestos, se encuentran el presidente José Mujica, el senador Eleuterio Fernández Huidobro y el ex director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Rosencof, quienes estando detenidos en una unidad militar de Rocha, presenciaron las sesiones de tortura de las que fue víctima Viana.

Entre los denunciados se encuentran los militares retirados Gregorio Álvarez y José Gavazzo y el ex dictador Juan María Bordaberry.

TORTURAS. Por otro lado, respecto a la cantidad de casos que se podrían reabrir al dejar sin efecto la ley de Caducidad, Chargoñia dijo que es "muy difícil" establecer un número concreto de causas en tal condición.

Sin embargo, Chargoñia indicó que hay ex detenidos dispuestos a presentar denuncias por "tortura", delito por el que todavía no hay ningún militar procesado. En ese sentido, dijo que la idea es presentar acciones en forma "organizada".