El gobierno dispuso en ley de obras más controles a privados

VALERIA GIL

El gobierno incluyó una amplia gama de controles parlamentarios y del Tribunal de Cuentas a los inversores privados que se asocien con el Estado. Se incluyen auditorías externas, evaluación de desempeño, inspecciones y peritajes.

Una serie de modificaciones que aseguran un mayor control del Estado sobre las obras con privados se incluyeron dentro del proyecto de Participación Público Privada.

Según el texto de la iniciativa a la que accedió El País, se incluirá el control del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre el sistema de adjudicación de las obras.

Las ofertas que hagan los privados para la construcción de infraestructura serán evaluadas por una comisión técnica y requerirán la aprobación de un informe previo de la Unidad de Proyectos de Participación Público Privada.

La administración pública contratante será la encargada de disponer la adjudicación provisional de la obra. Para que se considere finalizado el proceso adjudicatorio se requerirá la intervención del TCR.

Una vez realizada la adjudicación, la norma establece que la administración pública será la competente para controlar el cumplimiento del contrato de forma semestral.

Sin perjuicio de los informes periódicos, la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada "podrá solicitar a la administración contratante en cualquier momento y cuando ésta lo considere pertinente, toda información o documentación relativa al cumplimiento de los contratos".

Además podrá requerir la realización de auditorías externas específicas que "contribuyan a garantizar el correcto seguimiento de los contratos", tal como se indica en el artículo 32 de la iniciativa.

Los controles a ejercer por la administración pública contratante abarcarán los aspectos técnicos, operativos, legales, económicos, financieros, contables y ambientales.

Para ejercer la vigilancia sobre los privados, el Estado podrá disponer de diferentes instrumentos como: requerimientos de información, auditorías externas, evaluación de desempeño, inspecciones y peritajes.

Por su parte, el contratista quedará obligado a proporcionar, a requerimiento de la administración pública, toda la información y documentación relativa al cumplimiento del contrato que ésta le requiera, sin poder oponerse a su respecto el secreto comercial.

Los mencionados controles abarcarán los aspectos técnicos, operativos, legales, económicos, financieros, contables y ambientales.

A los controles que imponga el TCR y la administración pública, se sumará vigilancia parlamentaria. De este modo, se hizo lugar a lo que los legisladores solicitaron al gobierno: que se envíe un informe sobre el estado de las obras en cada Rendición de Cuentas.

Las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo serán analizadas el próximo lunes por los legisladores del Frente Amplio y el equipo económico, según informó a El País el diputado Doreen Javier Ibarra (Fidel).