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Muchos piensan que hay una bien implantada hegemonía política frenteamplista difícil de remover por un buen tiempo. Lo hacen a partir del análisis de ciertas realidades convergentes.
En primer lugar, el excepcional crecimiento económico que se traduce en mayores exportaciones, mejora importante de los salarios reales, radicación de inversiones, y un auge del consumo interno pocas veces visto en la historia del país (y que se apoya en un dólar barato). Luego, la fortaleza del Frente Amplio de disponer de varios sectores que aseguran una amplia gama de matices y que suman a la causa electoral común. Por un lado, Astori y su equipo económico contenta a los empresarios. Por el otro, la estructura del MPP, el Partido Comunista y los aliados sindicales conservan su retórica de profundización de los cambios. En todo el espectro, una nomenclatura gubernativa ocupa espacios y satisface las variadas demandas clientelistas, a partir de un importante gasto público sostenido en una recaudación que sigue creciendo a un ritmo mayor al previsto.
Todo ello además, enancado en la excelente imagen pública de un candidato como Tabaré Vázquez que tiene un protagonismo cada vez mayor. Finalmente, algunos analistas señalan que la izquierda también se beneficia de una oposición sin protagonismo ni visibilidad, que no logra presentarse como una sólida alternativa de gobierno.
Sin embargo, es precisamente el manejo descuidado de esa posición hegemónica el que ha empezado a complicar políticamente a la izquierda, y que le plantea serios interrogantes a futuro.
En primer lugar, porque la bonanza económica no alcanza para resolver dos problemas graves que preocupan fuertemente a la gente: el deterioro de la educación y sobre todo, el flagelo de la inseguridad. Si bien las clases medias eligen la enseñanza privada para sus hijos apenas mejoran un poco su situación, la mayoría no logra evitar las consecuencias de la crisis educativa que se refleja hondamente en las posibilidades de ascensión social de las futuras generaciones. Y en materia de inseguridad, ya ningún barrio está a salvo de un proceso de descomposición social para el cual el gobierno no tiene soluciones eficientes.
En segundo lugar, porque las elecciones de octubre 2009 y mayo de 2010 mostraron que el Frente Amplio tiene un techo de crecimiento electoral y que, a futuro, nada le garantiza mantener mayorías parlamentarias. Además, el anunciado desconocimiento de los resultados de los plebiscitos de 1989 y 2009 sobre la vigencia de la ley de caducidad con el argumento de que las mayorías "no siempre tienen razón" ataca un principio republicano muy arraigado en el país, cuyas consecuencias electorales, como lo anunció el propio senador frenteamplista Fernández Huidobro, pueden ser gravísimas para la izquierda. En el mismo sentido, el desprecio con el que se ha tratado la posición del senador Saravia en este tema, que puede terminar incluso con su expulsión del Frente Amplio, rompe con la lógica de acumulación de décadas que permitió los triunfos de la izquierda en 2004 y 2009.
En tercer lugar, hay claras señales de hartazgo que es preciso atender. En las elecciones del Banco de Previsión Social, fue la mayoría para el voto en blanco y anulado, en particular, en bastiones electorales de izquierda como Montevideo. En la inseguridad, son los cortes de ruta e iniciativas de justicia por mano propia que atentan contra la convivencia social civilizada. En la educación, es la fuerte crítica a las medidas económicas que multiplican las lógicas clientelísticas sin por ello aportar soluciones estructurales al problema.
Finalmente, la inflación más alta complicará la competitividad con la recurrente baja del dólar. Pero sobre todo, terminará liquidando el éxito del gobierno sustentado, esencialmente, en el sostenido crecimiento de los salarios reales de estos años. Así, el convencimiento de que la próxima elección está ganada y que la hegemonía frenteamplista está asegurada puede convertirse, en estos años, en una simple ilusión.







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