Militares trasmiten inquietud por la "inseguridad jurídica y política"

Los centros sociales de oficiales y personal subalterno en actividad y retiro de las Fuerzas Armadas trasmitieron al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, su inquietud por la posible anulación de la ley de Caducidad, algo que consideran "un retroceso a la Edad de Piedra" para la Justicia y una manifestación de "inseguridad jurídica y política" en el país.

El ministro recibió ayer por la tarde a los titulares del Centro Militar, coronel retirado Guillermo Cedrez; del Club Naval, contralmirante retirado Carlos Magliocca; del Club de la Fuerza Aérea, coronel retirado Hugo Reboledo; y del centro de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, Jorge Puente, con quienes analizó la eventual anulación de la ley de Caducidad y la aparición de imágenes de supuestos militares amenazando a jueces y fiscales, lo que investigan el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.

"Si se juntaran las firmas para bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, ninguno de los que estamos acá puede asegurar que esas firmas serán aceptadas. Lo mismo con las elecciones de 2014. Basta con que alguien diga que hay alarma pública para que las posterguen", sostuvo Magliocca, vocero del grupo, como ejemplo de la inseguridad jurídica.

"Tampoco hay seguridad política porque si no se respetan dos pronunciamientos del soberano, ¿a dónde vamos a ir a parar?", agregó.

IMÁGENES. Al no existir ninguna evidencia que los conecte con el caso, Rosadilla trasmitió a los representantes de los centros sociales que ningún militar en actividad o retiro está involucrado directa o indirectamente en el episodio de las imágenes con amenazas, por lo cual los oficiales consideraron "satisfactoria" la reunión.

"Es un tema superado" para los militares, aseguró Magliocca.

Los militares se habían molestado porque cuando el pasado 24 de febrero Rosadilla comunicó a los líderes políticos la existencia de esas imágenes amenazantes, mencionó que "una fuente no propia sino de terceros" aunque sin verificar, sugería que podían ser uniformados los responsables de la acción.

Por eso, los centros sociales dieron a conocer el martes 29 un comunicado en el que declaraban su total rechazo a esa posibilidad y manifestaban que no verían con desagrado una aclaración y, quizás, una disculpa de Rosadilla.