Causas de corrupción se demoran en la Justicia

A dos meses de la reanudación de la actividad judicial, los casos de corrupción que concitaron buena parte de la atención pública en el último tiempo están demorados en los juzgados.

Tras la Feria Judicial de enero, el 1° de febrero el Poder Judicial retomó su actividad normal. La apertura de los tribunales tuvo lugar luego de que en 2010 se produjeran importantes novedades en varios expedientes, muchos de los cuales todavía esperan una definición.

Sin embargo, esos sonados casos, por ahora, no han tenido mayores novedades. Eso hará que, seguramente, haya resoluciones importantes en las próximas semanas.

armada. Uno de los casos que acaparó la atención en 2010 fue la investigación por maniobras en la Armada y que motivó los procesamientos de varios oficiales navales, entre ellos el ex comandante de la fuerza, Juan Fernández Maggio.

Compras ficticias, irregularidades con vales de combustible y en dinero proveniente de la ONU, son algunos de los aspectos relativos a la Armada que están siendo indagados por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero.

Sin embargo, más allá de que la Policía ha realizado interrogatorios, en el juzgado no se han producido nuevas citaciones ya que la jueza y la fiscal deben resolver varios pedidos de acumulación de expedientes planteados por las defensas de los marinos procesados y otros oficiales indagados.

Una vez que la jueza Gatti y la fiscal Ferrero resuelvan ese aspecto procesal, retomarán la indagatoria y, seguramente, habrá nuevos procesamientos de oficiales.

casinos. En tanto, el fiscal Diego Pérez analiza el expediente que investiga las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo por las cuales en 2007 fue procesado el ex director municipal Juan Carlos Bengoa.

El fiscal debe emitir la acusación contra el ex jerarca y las otras cuatro personas que fueron enjuiciadas en su momento: los ex asesores José Luis Antúez y Orestes González, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario Gustavo Damonte.

Pérez analiza el expediente formado con el procesamiento de Bengoa, pero todavía no recibió el presumario que indaga la presunta responsabilidad del ex intendente Mariano Arana, la ex secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz y el ex director de Desarrollo Económico, Alberto Rosselli, quienes han negado cualquier responsabilidad pero a los que Bengoa ha incriminado.

Por eso, el fiscal, además de resolver si pide la condena o la absolución de las personas ya procesadas, también tendrá que decidir si solicita nuevos procesamientos, ya que tanto Arana, Muñoz como Rosselli están siendo investigados.

Nin y González. Otros dos expedientes (el de Rodolfo Nin Novoa y la indagatoria en relación a Gonzalo Fernández por la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano) esperan por el Parlamento.

Por un lado, el caso de Nin Novoa, cuyo procesamiento pidió en octubre de 2010 el fiscal penal Luis Bajac por ocultar información en sus declaraciones juradas, depende de que el Senado levante los fueros al ex vicepresidente y actual senador del Frente Amplio.

Nin Novoa comparecerá a fines de abril o en mayo ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, que deberá analizar el caso. Hasta tanto el Parlamento no resuelva si habilita o no el desafuero, la jueza Fanny Canessa no podrá resolver sobre el pedido fiscal.

En tanto, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, espera que el Parlamento le remita los antecedentes de la comisión investigadora de la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano. El juez reiteró su solicitud al Parlamento.

El magistrado indaga la actuación del ex ministro Gonzalo Fernández en ese proceso, pero hasta que no reciba la información del Parlamento no ordenará citaciones.

Peirano: casación en último ministro

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolverá en abril si reabre o confirma la clausura del juicio penal contra los hermanos José, Jorge y Dante Peirano Basso, que fue clausurado en julio de 2010 por un tribunal de apelaciones penal. El caso llegó a la Corporación luego de que la fiscal del caso, Raquel González, quien se opone al cierre de la causa, presentara un recurso de casación.

Actualmente, el expediente está a estudio del quinto y último ministro de la SCJ, por lo que se estima que la decisión del máximo órgano del Poder Judicial se conocerá en abril, dijeron fuentes judiciales consultadas por El País.

El juicio contra los hermanos Peirano Basso, que fueron procesados en agosto de 2002 por el desvío de fondos del Banco de Montevideo, se archivó luego de que el delito por el cual habían sido enjuiciados (artículo 76 de la ley 2.230) fuera derogado cuando se aprobó la nueva ley de concursos. Pero para la fiscal González, el expediente no debió clausurarse porque más allá de que el delito que originalmente les fue imputado ya no existe, su condena se pidió en 2006 por otro ilícito: "insolvencia societaria fraudulenta".