Oficiales en actividad fueron los que informaron al gobierno de la existencia de un video con supuestos militares amenazando a jueces y fiscales y anunciando acciones para liberar a los procesados por violaciones a los derechos humanos.
El primero que tuvo conocimiento de estas amenazas fue el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que en febrero recibió de mano de un oficial en actividad la transcripción del audio de un video, dijeron a El País fuentes castrenses.
Unos días después, el presidente José Mujica recibió de mano de otros oficiales en actividad una copia del video, donde se ven a tres supuestos militares encapuchados leyendo una proclama con las amenazas, agregaron fuentes. Y dijeron que la entrega del video fue un gesto de "verticalidad" que asumieron esos efectivos.
En el Ministerio de Defensa se sospecha que los autores del video son oficiales jóvenes y familiares de militares detenidos en la cárcel de Domingo Arena.
El gobierno informó a los ex presidentes y a los líderes de los partidos políticos sobre la existencia del video.
Sin embargo, hasta ahora solo el presidente Mujica admitió haberlo visto.
En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló ayer que solo tenía la transcripción y que en un principio pensó que dicho video no existía hasta que Mujica reveló que lo había visto. También señaló que Inteligencia Policial "investiga la situación" -es decir, las amenazas a los magistrados- y no el video en particular.
Ayer, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, quien investiga el origen del video, se reunió con efectivos de la Dirección de Inteligencia que están llevando a cabo la indagatoria a nivel policial.
El magistrado, según informó Subrayado de canal 10, analiza la posibilidad de reclamarle una copia del video al presidente Mujica. Del mismo modo evalúa enviarle un cuestionario escrito al mandatario o tomarle declaración en forma personal, aunque en ese caso el juez podría constituirse en el despacho del presidente.
Reacciones. En tanto, siete de los 17 militares y policías presos en la cárcel de Domingo Arena emitieron un comunicado en el que marcan distancia de la posibilidad de ser liberados en una acción militar, como afirman los presuntos militares que aparecen en el video.
"No compartimos acciones que expongan la institucionalidad democrática por ser ilegitimas, apartadas de la realidad y ajenas al sentido común. No admitimos otros procedimientos para nuestra liberación que no sean aquellos que en su forma y contenido se ajusten a las leyes de la República, sometidos al sistema democrático republicano de gobierno que nos rige", afirma este grupo de militares retirados.
En tanto, en un artículo publicado en la última edición del periódico Nación, el jefe de la Legión Tenientes de Artigas, Carlos Silva Valiente, fustigó la gestión del comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales. Citando al autor militar André Gavet, Silva calificó a Rosales como "porta galones".
Silva subrayó que la responsabilidad por el bienestar de los oficiales militares radica en el mando de la fuerza. En ese marco, reclamó al mando "firmeza" en la defensa de los militares procesados por delitos cometidos en dictadura y en los reclamos presupuestales. "Si no se tienen las condiciones y el valor necesario, es mejor dar un paso al costado y dejar a otro camarada, con mayor decisión y carácter, que se haga cargo", afirmó Silva.
Por su parte, la página web envozalta.org, vocera del grupo "Unidos por la libertad de los presos políticos", señaló que el video es "una operación política de contra inteligencia" de socialistas y comunistas.