Donde la Policía no entra, las ONG hacen su trabajo

E. BARRENECHE / P. MELENDREZ

A la Policía se le dificulta patrullar los barrios Marconi, Borro y Palomares. Sin embargo, decenas de trabajadores sociales del Estado y ONG caminan cada día sin problemas por las violentas calles de esas zonas.

Desde hace ocho años, Rita M. recorre casi diariamente el Marconi y Cerro Norte donde está ubicado "Los Palomares", buscando las casas de los adolescentes infractores para saber si cumplen o no con las sentencias de los magistrados.

"Nunca me robaron", contó Rita a El País. En el barrio la identifican como una funcionaria del Poder Judicial y no de una institución represora como lo es la Policía.

Esta semana, Rita M. caminaba por el barrio Marconi. Al llegar a la esquina de las calles Alejandro Nogueira y Trápani observó a dos sujetos sentados en la puerta de una casa con dos escopetas recortadas en sus manos. "En el Marconi hay un nivel de violencia importante. Se dan enfrentamientos entre bandas por la venta de pasta base", dijo Rita M.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, calificó este fenómeno como un "proceso de feudalización" en el país y en particular en algunos barrios de Montevideo y del litoral, donde la delincuencia busca desplazar a la Policía. "Se trata de un hostigamiento a las autoridades constituidas", dijo Bonomi.

En los barrios considerados zonas rojas, la Policía solo ingresa para hacer procedimientos apoyada por fuerzas de choque, como coraceros y granaderos.

Mariela B., quien trabaja como educadora social para el Ministerio de Desarrollo Social, indicó que la pasta base cambió los códigos de convivencia en el barrio. También señaló que antes los ladrones salían a robar afuera y no molestaban a los vecinos.

"Ahora el vecino que es encontrando de madrugada en el barrio es rapiñado. Mucha gente no sale de noche en el Marconi", dijo la educadora.

Los choferes que trasladan a los funcionarios públicos a esos barrios sí temen ingresar. Generalmente estacionan los vehículos en las avenidas laterales con mucho movimiento de personas que cuentan con más seguridad.

SIN PROBLEMAS. Ricardo Cabeza, coordinador del club de niños "Con Todos", ubicado en San Martín y Aparicio Saravia, en el límite entre los barrios Casavalle y Borro, dijo que "si bien hay distintas realidades, tradicionalmente la gente que trabaja en organizaciones sociales no tiene problemas en la zona".

Cabeza contó que desde el año pasado han tenido algunos problemas, sobre todo, a causa de arrebatos a educadoras.

"El trabajo no se altera mucho, pero sí es una situación un tanto incómoda cuando a alguien le pasa algo", expresó el coordinador de la institución que, en convenio con el INAU, presta asistencia escolar y brinda talleres a 91 niños y sus familias.

Agregó que "hay días donde se nota que el ambiente está más tenso", y reconoció que las personas que no son de la zona pueden tener dificultades. Según Cabeza, los vecinos que llevan a cabo acciones delictivas "están identificados".

En cuanto a la presencia policial en la zona, Cabeza dijo que "los patrulleros muy pocas veces paran", salvo que circule más de un móvil en ese momento. Pero aclaró que hay equipos de Policía Comunitaria que "tienen muy buena entrada en la gente".

El Movimiento Tacurú, impulsado por la congregación salesiana, instaló su sede hace 30 años en el barrio Lavalleja y además cuenta con una escuela de oficios en el Marconi. La organización atiende a unos 1.000 jóvenes a los que brinda programas educativos y de capacitación laboral.

Según el director del Movimiento Tacurú, padre Leo Burone, en los barrios de la Cuenca Casavalle -Municipal, Borro, Plácido Ellauri, Unidad Casavalle y Misiones- existen problemas de adicción y violencia en el marco de "una compleja" realidad social.

Dijo que los educadores del Movimiento Tacurú han sufrido algún incidente menor pero que ello "también ocurre en el Centro de Montevideo; no es un problema general aquí".

Burone reconoció que en algunas zonas hay problemáticas de inseguridad.

"La Cuenca de Casavalle es una zona muy amplia", agregó el sacerdote, y advirtió que esos hechos se repiten en varios barrios montevideanos, pero se estigmatiza a los barrios periféricos

Una visión similar brindó el director de la Obra Ecuménica Barrio Borro, Milton Costa.

La Obra Ecuménica de la Iglesia Metodista se instaló en 1956 en la esquina de Orsini Bertani y Martirené, en el corazón del barrio Borro.

"El 95% de la población de estos barrios son trabajadores. Llevan décadas sufriendo una pobreza estructural y sin ejercer derechos de ciudadanos", señaló Costa.

Costa remarcó que hace 30 años que los habitantes de esos barrios periféricos esperan que se instale el saneamiento y debieron aguardar 12 para que se levante un liceo.

Consultado sobre si educadores de la Obra Ecuménica sufrieron problemas de seguridad cuando circulaban por esos barrios, Costa dijo que ninguno de los 30 funcionarios de la ONG sufrió incidente alguno.

"Sí hemos visto abusos de policías que actúan en forma desmedida con adolescentes y jóvenes sentados en la plaza mirando pasar sus vidas. Los cachean buscando armas o sustancias", expresó.

SIN UNIFORME. El Centro Educativo "Los Pinos", ubicado próximo a la Gruta de Lourdes, abarca zonas conflictivas como los barrios Municipal y Borro, así como varios asentamientos.

"Una cosa es quien viene a educar y otra es cuando llega alguien con un uniforme policial", dijo el director de la institución, Pablo Bartol.

"Hace 13 años que estamos trabajando en la zona y nunca ningún funcionario tuvo problemas", añadió el director de "Los Pinos", centro del Opus Dei, y que brinda apoyo escolar y liceal a 200 niños y adolescentes y que también ofrece cursos de capacitación laboral para jóvenes de entre 18 y 24 años

Bartol dijo que los educadores y asistentes sociales realizan habitualmente recorridas por las viviendas de la zona y no han tenido dificultades.

"Nunca nadie haciendo visitas de familia tuvo problemas porque saben a lo que vamos; la gran mayoría de la gente que vive en esta zona son trabajadores", sentenció Bartol.

Falta reglamentar la ley de control militar

Desde diciembre de 2010, el gobierno está autorizado por ley a disponer que el control de las personas que ingresan y salen de las cárceles sea realizado por efectivos militares, que ya tienen a su cargo el control perimetral de los centro penitenciarios. La ley vigente autoriza al gobierno a extender hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo para que efectivos militares cumplan funciones de custodia perimetral en las cárceles.

La normativa faculta al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a que militares se ocupen del "control de acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos" que ingresan a las cárceles.

La ley aclara que el personal policial que presta servicios en los centros de reclusión "no quedará exento" de los controles militares.

Sin embargo, la ley no se aplica porque, entre otras cosas, no ha sido reglamentada por el gobierno. "Es necesario que se reglamente las aplicaciones de la ley", dijo el comisionado Álvaro Garcé.

El jueves, el presidente José Mujica habló de la problemática carcelaria, y defendió la labor de los militares en los penales.

En tanto, el Poder Ejecutivo emitió un decreto donde reglamentó la labor de un nuevo escalafón de funcionarios penitenciarios de naturaleza civil que fueron creados en el Presupuesto.

Huelga en punta de rieles

Dos días lleva la decisión de unos 200 presos de no retirar el "rancho" (alimento) en el novel penal de Punta de Rieles, indicó a El País el comisionado parlamentario Álvaro Garcé. Entre el jueves 10 y ayer ocurrieron varias reuniones entre autoridades carcelarias y los delegados de los reclusos para que estos levanten la medida. Según Garcé, algunos pedidos hechos por los internos fueron atendidos por las jerarquías de Cárceles. El comisionado dijo que parte de los reclamos de los presos son razonables: piden que se habilite un ómnibus que pueda llevar a sus familiares desde Camino Maldonado hasta el penal de Punta de Rieles. En este momento, los familiares de los presos transitan unos tres kilómetros por un camino de balasto para llegar al establecimiento. Garcé dijo que los internos también pidieron la construcción de baños y otras instalaciones para poder recibir a sus familiares.