Un problema para nada menor

El encuadre.

La sociedad se muestra cada vez más alarmada ante casos de delincuencia juvenil; la clase política no logra acordar una respuesta.

Por Martín Aguirre

Jordan Brown era un niño como cualquiera. A sus 11 años, vivía con su padre, Chris, la nueva mujer de este y dos hermanas en una zona rural de Pennsylvania. Pero una mañana de febrero del 2009, el pequeño Jordan se levantó, fue al armario de su padre, tomó su fusil de caza y le pegó un tiro en la cabeza a su madrastra, embarazada de 8 meses, mientras dormía. Después, se fue a la escuela como si nada. El caso ha generado gran polémica por lo cruento del hecho, por la sangre fría mostrada por un pequeño de 11 años y, sobre todo, porque las leyes de Pennsylvania, de las más duras del mundo sobre delincuencia juvenil, pueden terminar sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada.

Con sus matices, la discusión por el tratamiento legal de los menores que cometen delitos está instalada en buena parte del mundo. Desde Argentina a Inglaterra, de España a Uruguay, la gente se hace las mismas preguntas; ¿a qué edad una persona comienza a tomar consciencia de sus actos? ¿Cuándo se la puede hacer responsable legal de los mismos? ¿Son los delincuentes cada vez más jóvenes y violentos? En nuestro país el tema reviste una gravedad especial. Un cocktail que mezcla marginalidad, demografía, y complejos ideológicos, ha llevado a que se viva una situación explosiva.

Pese a esto es difícil encontrar datos sólidos para calibrar la entidad del problema. Ni siquiera las cifras oficiales sobre la cantidad de delitos protagonizados por menores de edad son aceptadas unánimemente. Por un lado, datos difundidos por el diputado colorado Germán Cardoso, basados en cifras del Ministerio del Interior, señalan que el 50% de los delitos violentos son cometidos por menores, los cuales serían además responsables de hasta 100 homicidios al año. Es por esto que su sector impulsa una reforma al polémico Código de la Niñez, votado durante la presidencia de Jorge Batlle, para bajar la edad de imputabilidad a 16 años. Un reclamo que parece tener fuerte base en la sociedad. Según una encuesta de 2009, el 42% de los uruguayos se mostró partidario de reducirla hasta los 14 años y un 28% hasta los 16. Sólo un 24% opina que hay que mantenerla en 18.

Esta visión encuentra fuertes resistencias en varios ámbitos. Los organismos de defensa de la niñez, como Unicef, descreen de las cifras oficiales, y sostienen que se trata de una "sensación térmica" alimentada por los medios. Los jueces y operadores que se mueven en el ámbito de la justicia de menores mayoritariamente sostienen que un cambio legal, ya sea bajando la edad de imputabilidad o habilitando a que se mantengan los antecedentes de los menores una vez que cumplen 18 (el Código exige destruirlos) no va a cambiar nada. Afirman que el número de menores problemáticos no es tan grande (alrededor de unos 300) pero que el problema está en los centros de internación, que no cumplen con su función reeducativa, y que son "coladores" de donde los menores se fugan cuando quieren.

La realidad parece darles parte de la razón. La situación de los centros de reclusión de menores suele estar en los titulares, y nunca por buenas causas. Hacinamiento, falta de fondos, problemas gremiales y fugas permanentes, son el pan de cada día. Un problema que, además, no parece haber sido enfrentado nunca de manera efectiva por el sistema político. Más allá de los permanentes (y algo ridículos) cambios de nombre de los organismos, en el único momento que pareció que se tomaba una medida seria para encaminar el sistema fue cuando se encomendó la dirección del INAU al padre Mateo Méndez. Pero tras un corto período en que tuvo choques con los funcionarios, el jerarca renunció por falta de apoyo político.

Pero del lado de los que piden más rigor también hay argumentos contundentes. El Código de la Niñez tiene aspectos de un garantismo casi ingenuo, como ser que no se penan las tentativas ni los hechos culposos. Y pretender achacar todo el problema a una especie de campaña de los medios, parece poco creíble. También es real que la mayoría de los países del mundo vienen bajando la edad de imputabilidad, y que los 18 años de hoy, no son lo mismo que hace 30 o 40 años.

Pero por encima de todos estos argumentos, hay un tema de fondo que alarma. Si bien el problema de los menores delincuentes tiene raíces sociales profundas, y no va a mejorar de un día para otro por un cambio en la ley, las posiciones causalistas extremas encierran un peligro. La alarma pública que existe sobre este tema es auténtica y si desde el gobierno no se dan señales claras de que se está haciendo algo para enfrentar el problema, es probable que la sociedad reaccione recurriendo a quienes ofrezcan mano dura a cualquier precio. Y en esos casos, por lo general, el remedio termina siendo más grave que la enfermedad.

La Frase.

"La tentativa de hurto es una papa para cualquier menor: si se consuma, bien; si no, no pasa nada porque la Policía tiene que dejarlo libre". (Fiscal Gustavo Zubía)

El dato I.

Chile bajó la imputabilidad penal a 14 años pero ya hay un proyecto para llevarla a 12, porque no bajó el delito juvenil como se esperaba.

El dato II.

Costa Rica tiene la legislación más dura de la región, bajaron las cifras de delitos juveniles, y es el país con menos menores privados de libertad.