DANIEL ISGLEAS / PABLO MELÉNDREZ
Los jueces de menores piden duplicar el plazo legal para internar a menores infractores antes de dictar sentencia, algo que se concretará en breve modificando el Código de la Niñez y la Adolescencia gracias a un acuerdo político.
La Suprema Corte de Justicia y los partidos políticos acordaron modificar una disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para permitir que un magistrado tenga más plazo que los 60 días previstos para dictar sentencia cuando un menor haya cometido un delito grave y se necesite ampliar las diligencias del caso.
Esta decisión se tomará aceptando una sugerencia de la corporación y teniendo en cuenta que los plazos promedio de remisión de antecedentes por parte del INAU a la justicia exceden largamente lo previsto en la ley.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, que en pocos días asumirá la presidencia del cuerpo, se reunió ayer con una comisión legislativa para hablar sobre las probables medidas sobre los menores infractores. En ese encuentro aportó datos oficiales que indican que en 2009 la demora promedio del INAU para remitir al magistrado los antecedentes de menores infractores en Montevideo fue de 2,6 meses, y en el interior fue mayor aún, de 3,5 meses en promedio.
El CNA sostiene en su artículo 76, inciso cinco, que la internación provisoria de un menor infractor no podrá durar más de 60 días.
APOYO PLENO. Quienes están abiertamente a favor de la ampliación del plazo, incluso de llevarlo de 60 a 120 días, son los jueces de menores, que son quienes aplican cotidianamente el CNA.
Los jueces de menores Aída Vera Barreto y Hugo Morales consideraron que el plazo que prevé el CNA para dictar la sentencia de los menores infractores internados en forma provisoria, debería aumentarse de 60 a 120 días.
Morales aclaró que elevar los plazos máximos que prevé la legislación no implica que los jueces vayan a demorar más el dictado de sus resoluciones, sino que les permitirá desarrollar su trabajo "con más margen de tiempo".
Admitió que por la existencia de un plazo "tan exiguo" como el que prevé actualmente el CNA, ha tenido casos en los cuales debió liberar al adolescente, ya que no pudo cumplir el dictado de la sentencia en 60 días.
Sin embargo, Morales dijo que "no es lo habitual" porque "los jueces como los defensores hacemos un importante esfuerzo para que la audiencia de dictado de sentencia no se suspenda".
El juez se quejó de que muchas veces, las compilaciones con los plazos surgen porque el INAU informa "tardíamente" algunas situaciones. Y puso como ejemplo los casos de fugas de menores, porque cuando son recapturados y reingresados a los hogares, es habitual que eso se informe a destiempo a los magistrados.
La jueza Vera Barreto, a su vez, se pronunció en el mismo sentido que su colega Morales, aunque con un matiz, porque la magistrada entiende que el plazo de 60 días que establece el CNA se debe ampliar pero solo para casos de complejidad que así lo ameriten.
"Hay casos sencillos que no requieren aumentar el plazo, pero otros, como homicidios o lesiones graves, donde se requieren informes periciales que demoran, sería bueno contar con un plazo mayor", indicó la jueza.
INAU RESPONSABLE. El diputado nacionalista Jaime Trobo reconoció que los plazos previstos en el CNA, si bien son para proteger los derechos del menor, "también lo deben ser para defender el derecho del ciudadano".
Como el Código no es claro en cuanto a los plazos aplicables es necesario darle precisión al artículo 76. Trobo indicó entonces que el juez y el fiscal deben tener la posibilidad de extender esos plazos y que se garantice a la sociedad que cierto tipo de individuos que cometen determinados delitos no estén libres con impunidad", dijo.
La comisión que trabajó ayer acordó también estudiar qué tipo de responsabilidad le compete al INAU por la demora en el envío de los antecedentes que el magistrado solicita.
"Esos informes son preceptivos. Si el INAU no informa los jueces no pueden tomar decisiones. Y en este caso, el informe del INAU llegó doce días más tarde del vencimiento del plazo", destacó el diputado de Unidad Nacional.
El senador colorado Tabaré Viera, que promovió la creación de esta comisión legislativa para el análisis de los procedimientos judiciales con menores, sostuvo que el futuro presidente de la Corte "fue claro en decir que el plazo que tienen los jueces para dictar sentencia en algunos casos complejos, graves, como el de El Pelón, es exiguo".
Para él, esa situación amerita una modificación del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia, añadió.
Los tres partidos coincidieron en elevar la recomendación a la Asamblea General que el miércoles 2 de febrero se reunirá para analizar las distintas propuestas que hay en torno al problema de los menores infractores.
El inau y "el pelón"
El 30 de diciembre venció el plazo de 60 días para dictar sentencia para el menor conocido como "El Pelón", luego de que cometió su segundo asesinato.
El juez de feria, Juvenal Javier, encargado del caso, lo dejó en libertad al haber expirado los 60 días que prevé el Art. 76 numeral 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Hasta entonces, el INAU no había enviado al juzgado lo que el juez había solicitado.
El 3 de enero, "El Pelón" asesinó a su tercera víctima, un repartidor.
El 12 de enero, es decir nueve días más tarde del tercer homicidio, llegaron al juzgado de Javier las actuaciones enviadas por el INAU sobre el segundo crimen.
Pérez Manrique: "Las cárceles son hoy una fábrica infernal"
ministro del tribunal de familia
"Hay que articular soluciones para atender a la demanda de la sociedad y para esa fábrica infernal que está produciendo 12.000 presos adultos de los cuales un gran porcentaje son menores de 27 años. El Código tiene aspectos modificables como el sistema de aplicación de las medidas".
Van Rompaey: "El Código es algo incongruente y contradictorio"
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
"El Código de la Niñez y la Adolescencia es incongruente y contradictorio porque por un lado establece que un menor no puede estar más de 30 días con prisión preventiva y, por otro, se le da al juez 60 días para que tome resolución mientras tiene al menor detenido en el INAU".