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La declaratoria de esencialidad de fines de 2010 en Montevideo mostró, una vez más, cómo la izquierda maneja el ejercicio del poder y su relación con el relato histórico. Una ley de septiembre de 2009 aprobada por mayoría frenteamplista reparó a las víctimas "de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985". Sin embargo, para declarar la esencialidad, la misma izquierda se apoyó en una ley de diciembre de 1968; es decir, una ley promulgada en pleno período en el que la mayoría de 2009 declaró la ilegitimidad de cierta actuación estatal.
La desvergüenza parece patente: el Frente Amplio vitupera contra la administración Pacheco y declara ilegítimo parte de su accionar; pero un año más tarde, se apoya en una de sus leyes para ejercer el poder.
Sin embargo, en la perspectiva política de la izquierda, no hay contradicción. Su cinismo se explica por la raíz política-conceptual que la imbuye.
En efecto, si el que utilizó la ley a finales de los sesenta fue Pacheco, por naturaleza, por ser un Otro esencialmente inferior, entonces debe ser condenable política e históricamente. Pero como la utilización de esa ley, en 2010, la hace un Nosotros de esencia moralmente superior, el leninismo de la izquierda acepta su pertinencia y legitimidad.
La misma lógica permitió a Mario Bergara, en 2005, en conferencia en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en EE.UU., asegurar que se abría con el gobierno de izquierda un tiempo de aplicación de reformas de similar signo que las propuestas anteriormente por los gobiernos de los partidos tradicionales, porque estaba conjurada la amenaza de la interposición de referéndum con la que la izquierda impidió cambios estructurales entre 1990 y 2005.
La misma lógica permitió a Enrique Rubio, corredactor de la ley de Ancap en la administración Batlle, terminar apoyando el referéndum de diciembre de 2003, por desconfiar de la esencia de quienes en ese gobierno colorado podían llegar a implementar la asociación de Ancap con empresas extranjeras.
Es la lógica que permite a decenas de líderes de opinión-compañeros de ruta, denunciar las prácticas del "pachecato" sin siquiera sugerir ninguna semejanza con la esencialidad decretada por Olivera-Mujica.
Importa entender cabalmente esta lógica desde los partidos de oposición. Porque frente a esta izquierda es ingenuo concebir la política desde el convencimiento de un enfrentamiento entre adversarios. Ella se considera superior, y no reconoce a nadie en los partidos tradicionales como un interlocutor de su misma esencia.
Ello no supone, claro está, abandonar todo esfuerzo por alcanzar acuerdos interpartidarios por el bien del país: allí están los de educación, medioambiente, seguridad pública y energía, de comienzos de la administración Mujica, que ilustran ese intento.
Pero sí implica mantenerse alertas ante espejismos que puedan hacer creer que este cinismo-leninismo del Frente Amplio conjuga el talante liberal y democrático que construyó las bases republicanas de lo mejor del Uruguay a lo largo del siglo XX.
Cuando un actor electoralmente tan importante exhibe un leninismo tan evidente, se hace difícil avanzar en la definición de políticas públicas relevantes con la rapidez y calidad que exigen los nuevos tiempos. Porque se hace imposible consolidar la necesaria calidad institucional que nos conduce a la prosperidad. Esa calidad institucional está ligada, siempre, al sistema democrático-liberal de gobierno que implica aceptar el disenso con pluralidad de ideas entre adversarios políticos. Y que implica, en definitiva, que no puede haber una instancia de superioridad moral de un Nosotros atribuida desde la arbitrariedad de cualquier subjetivismo ideológico.
La consolidación de una izquierda de talante socialdemócrata, que tanto precisa el país, no pasa solamente porque aplique políticas públicas moderadas. También pasa, sustancialmente, porque deseche su cinismo-leninismo.





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