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El senador colorado Pedro Bordaberry denunció que un pacto secreto firmado por el gobierno exonera a Montes del Plata de pagar el impuesto a la tierra, lo que fue negado por el Poder Ejecutivo. El ministro Tabaré Aguerre será citado al Senado.

"Mientras los militantes del MPP pintaban muros combatiendo el latifundio, el gobierno firmaba un convenio secreto y confidencial, por el cual a una multinacional (Montes del Plata) que tiene 250.000 hectáreas se le prometía que no se le pondrían impuestos. Los ministros del ramo tendrán que dar explicaciones", dijo Bordaberry a El País.

Montes del Plata es el consorcio formado por la sueco finlandesa Stora Enso y la chilena Aráuco que construye una planta procesadora de celulosa en Punta Pereyra, Colonia.

Bordaberry, con el respaldo del senador de Unidad Nacional Juan Chiruchi, planteó al presidente de la comisión de Ganadería del Senado, Jorge Larrañaga, que convoque al ministro Tabaré Aguerre para que explique el alcance de ese acuerdo.

El líder de Vamos Uruguay acusó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, de "mentir" cuando el lunes dijo, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la empresa Montes del Plata pagaría el tributo.

"La cláusula 3.5.10 del acuerdo dice que si se le ponen nuevos impuestos a Montes del Plata se van a sentar a conversar para ver cómo se los compensan. Ese contrato dice además que cuando Montes del Plata compra un predio, el Instituto de Colonización no puede hacer uso de la opción de quedarse con el campo a que tiene derecho", dijo Bordaberry.

Sin embargo, Frugoni reiteró ayer que, de aprobarse el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, Montes del Plata deberá pagarlo.

"Bordaberry denota no estar de acuerdo con el impuesto que desalienta la concentración de la tierra y que grava al 2,5% de las empresas agropecuarias", dijo Frugoni a web oficial de Presidencia.

El director de la OPP expresó que "las plantaciones forestales no son actualmente elegibles en el Régimen de Promoción de Inversiones", por lo que a Montes del Plata no le corresponde recibir compensaciones.

"Hoy hay predios de Colonia, de San José, que se van a recategorizar para ser forestales. Es grave lo que dice ese contrato", expresó Bordaberry.

Precisamente, el senador Chiruchi dijo a El País que en San José, donde apenas el 18% de los habitantes vive en áreas rurales, Montes del Plata compró en la zona de El Coronilla, apta para la producción lechera, 254 hectáreas. "Esa es la zona de mayor concentración de productores lecheros del departamento. Hay millones de dólares invertidos por la sociedad en la cuenca lechera. Este campo lo podría haber comprado el INC y alojar a colonos", sostuvo el senador blanco.

"Estoy totalmente en contra de instalar una producción forestal en el sur del país. Que Montes del Plata se instale y que traiga los árboles de la zona forestal, pero no de la cuenca lechera", dijo Chiruchi.

Bordaberry acusó al gobierno de querer convertir al país en una extensión forestal, y de "eliminar a los pequeños productores agropecuarios y a los pequeños productores lecheros", lo que afirmó contradice el presunto objetivo del nuevo impuesto a la tierra.

Estanciero. El diputado Aníbal Pereyra (MPP) le respondió duramente a Bordaberry. "Le salió el estanciero de adentro. No está hablando como senador, está hablando como estanciero. Él tendrá que pagar como 16 veces más de lo que paga, porque no es un simple productor rural. Perdió el tono conciliador de un tipo que te llama y te da paz y salió revoloteando el rebenque porque le tocan unos dolaritos", sentenció el diputado.

Al igual que algunos constitucionalistas (ver nota abajo), el senador colorado José Amorín también consideró que el impuesto a la tierra transgrede normas de la Constitución.

El proyecto es "groseramente inconstitucional", dijo Amorín a El País. El legislador explicó que "si el producto de ese impuesto es para los gobiernos departamentales, en una ley no se le puede fijar el destino, como ocurre con este proyecto"

Y agregó que para cumplir con la Constitución, el dinero que se recaude en cada departamento debe ser para obras en ese departamento. "No se puede decir que del total de lo recaudado se van a arreglar tales y cuales carreteras o puentes", afirmó el senador.

El resto de la oposición está comenzando a definirse. El Partido Nacional tendrá una posición única, dijo el presidente de la Agrupación Parlamentaria, el senador Jorge Larrañaga, quien convocó a todos los legisladores a una reunión para el lunes 5 de septiembre donde se discutirá el tema y se adoptará posición. Larrañaga pidió a los senadores y diputados del Partido Nacional que por ahora no adelanten puntos de vista personales sobre la iniciativa del gobierno.

El vicepresidente Danilo Astori señaló anoche en una reunión del Consejo Político Nacional (CPN) de Asamblea Uruguay que "el hecho de que apoyara al impuesto por la unidad de acción, no condiciona a nada" a su bancada. En ese marco, Astori explicó que pese a las discrepancias, aceptó el impuesto para apoyar al presidente José Mujica, pero eso no significa que el proyecto pase por el Parlamento sin ser discutido, aseguró. Según el vicepresidente, Asamblea Uruguay puede tener reparos con el proyecto pero una vez que se finalice la discusión debe primar la "unidad de acción", dijeron a El País fuentes que participaron en la reunión.

La bancada del Frente Amplio resolvió ayer conformar una comisión para estudiar el proyecto que crea el impuesto al agro y limar las diferencias internas entre sectores acerca de este nuevo tributo. La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo) en la habitual reunión de coordinación.

Por otra parte, desde el astorismo se plantean modificaciones al impuesto que grava a las grandes concentraciones de tierra.

El senador Luis Gallo (Asamblea Uruguay) dijo a El País que el sector acompaña en general el proyecto, pero buscará alguna variante "para contemplar la relación entre tenencia y productividad de los campos, que en parte quedó reflejada bajo la equivalencia entre hectáreas e índice Coneat 100". En ese marco, agregó que el nuevo tributo debe ser coherente con la reforma tributaria en relación a los criterios de eficiencia, equidad y estímulo a la inversión.

Por su parte, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) señaló que "el proyecto es compartible", pero se pueden "introducir algunas modificaciones". El legislador explicó que "Asamblea nunca ha puesto en duda el voto de un proyecto que venga con acuerdo desde el Poder Ejecutivo".

También en el Nuevo Espacio se plantean cambios a la iniciativa. "No nos termina de conformar el texto, creemos que hay que mejorarlo más", dijo a El País una fuente del sector. El diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) reconoció las dudas del sector y agregó: "Vamos a estudiar si vale la pena generar una polémica con las agremiaciones de productores por algo que va a recaudar poco".