De una manera extravagante, el Poder Ejecutivo acaba de darle al Poder Legislativo la señal de que sigue pensando en crear un ministerio de Justicia. Extravagante, porque no lo hizo mediante un proyecto de ley, como es habitual, sino a través de lo que denominó un "Informe de avance" enviado como anexo a la Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.

El asunto es recurrente desde que el Frente Amplio llegó al poder. En la administración de Tabaré Vázquez fracasaron los impulsos para crear el nuevo ministerio. Bajo el gobierno actual se insertó una norma en la ley de Presupuesto en donde se mencionaba la intención de analizar y eventualmente aprobar esa creación. Este curioso "Informe de avance" atiende a tal inquietud a través de una serie de interrogantes que se presentan a los legisladores para ambientar una suerte de reflexión colectiva.

Sin perjuicio de resaltar la originalidad -e irregularidad- del mecanismo empleado, en ese texto se plantea qué hacer con las fiscalías y, en particular, se insta a establecer el alcance de la independencia técnica de los fiscales. El simple planteo de la cuestión ya encendió la alarma entre los fiscales y en el Poder Judicial. En el caso de los primeros se entiende que la iniciativa forma parte de una tendencia a influir en las decisiones de los fiscales que alienta en la izquierda. Al mismo tiempo, la irrupción de ese ministerio preocupa en un Poder Judicial que podría ver afectada su autonomía con relación al Poder Ejecutivo.

Para vestir la iniciativa se designa a la incipiente criatura como Ministerio de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, pero sabido es que aunque la mona se vista de seda, mona queda.