PABLO MELÉNDREZ
La Comisión de Defensa de la Competencia pretende eliminar los aranceles que fijan las agremiaciones de abogados, escribanos y contadores, ya que esas tasas tienen por objeto "restringir, distorsionar o impedir la competencia".
Según un informe elaborado por la Comisión de Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas- las asociaciones de profesionales "tienen aranceles que guían u obligan a sus afiliados y aun a profesionales colegas que no están asociados a fijar sus honorarios correspondientes al ejercicio liberal de sus respectivas profesiones de acuerdo a pautas que ellos establecen".
La existencia de tasas prefijadas en los mercados de servicios profesionales "responde a concepciones y usos que fueron legítimos y predominantes durante mucho tiempo entre los profesionales uruguayos y sus clientes...", dice el informe elaborado para la Comisión de Defensa de la Competencia por los consultores Karina Martínez y Juan Alberti.
Además, el informe advierte que aunque se trate de aranceles no obligatorios para los asociados, "estas conductas podrían potencialmente tener efectos anticompetitivos".
Ese documento es la base de un proyecto de resolución del organismo que impone al Colegio de Abogados, a la Asociación de Escribanos y al Colegio de Contadores, Administradores y Economistas la obligación de "derogar" los aranceles previstos por cada gremial en un plazo de 90 días. También se prevé otro lapso de 120 días para informar del cambio a todos los asociados.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, Sergio Milnitsky, dijo que por el momento solamente se analizó el caso de los abogados, escribanos y contadores, pero que en el futuro se estudiará el efecto de los aranceles en otras profesiones, "y si se llega a la conclusión de que son perjudiciales, también se impulsará su eliminación", señaló el jerarca.
El organismo consultó a las agremiaciones involucradas, para conocer su posición respecto a la iniciativa de eliminar los aranceles. En base a las respuestas obtenidas, la Comisión de Defensa de la Competencia definirá si mantiene el proyecto de resolución o abre otra instancia de análisis del asunto, dijo Milnitsky a El País.
Sin embargo, la iniciativa habilita a la Asociación de Escribanos y a los colegios de Abogados y Contadores a mantener tablas de honorarios para ser utilizados por el Poder Judicial "para la fijación de honorarios no concertados en la actividad judicial, así como para el caso de los peritajes judiciales o de regulación en caso de condenas procesales y similares", dice el proyecto de resolución.
Además, en relación al caso específico de los escribanos, se permitirá mantener una tabla de remuneraciones fictas "con el único y explícito" objetivo de ser utilizada para los aportes a la Caja Notarial, según el proyecto de resolución.
Consultado sobre si no se requiere una ley, Milnitsky explicó que la Comisión de Defensa de la Competencia "tiene la posibilidad de emitir instrucciones obligatorias para organizaciones si considera que hay algo que está violando la ley de competencia, por lo que en nuestra interpretación no sería necesaria una ley".
Gremios rechazan la propuesta
"El proyecto de resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia es ilegal, porque la ley de defensa de la competencia no prohíbe los aranceles", indicó el abogado Carlos Brandes, miembro del Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay.
Brandes dijo a El País que el proyecto "no tiene sentido" porque a la vez que elimina los aranceles, crea una tabla para regular ciertos aspectos. Por eso, adelantó que en caso de que el proyecto prospere, será recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Escribanos, Sara Castro, dijo que el arancel es "la base" para el aporte a la Caja Notarial y la Dirección General Impositiva. "Es una intromisión a la libertad de trabajo", dijo.
Para la escribana, la pieza fundamental en la relación entre el profesional y su cliente "es la confianza".
En tanto, el Colegio de Contadores, en una nota enviada a la Comisión de Defensa de la Competencia, señaló que el arancel tiene por objetivo "evitar la competencia desleal y dar un marco de referencia para el cobro de servicios profesionales".