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SANTIAGO DE CHILE | EL MERCURIO /

GDA, EL PAÍS DE MADRID Y AFP

El incendio en una cárcel chilena en el que el miércoles murieron 81 presos dejó al descubierto un drama que se repite en todas las prisiones de América Latina: el hacinamiento, la falta de inversión pública y personal.

La sobrepoblación, la influencia excesiva de bandas criminales y la falta de inversiones convierten a las cárceles de América Latina en lugares violentos y peligrosos que propician tragedias como la que el miércoles pasado le costó la vida a 81 presos en Chile por un incendio.

La cárcel San Miguel, en Santiago de Chile, donde se produjo el incendio tras una riña entre los internos, tenía una capacidad para 1.100 reos pero albergaba 1.960. "Esta tragedia refleja la precariedad del sistema carcelario chileno", dijo el director Nacional de la Gendarmería chilena, Luis Masferrer, para quien el "porcentaje de sobrepoblación y hacinamiento" es uno de los factores a estudiar para esclarecer el trágico incendio.

"En Chile tenemos 53.000 reclusos que están internos. El grado de hacinamiento en nuestra cárceles supera el 70% y en algunas como San Miguel supera el 90%, y otras más del 200%", dijo el presidente chileno Sebastián Piñera tras la tragedia.

La cifra de hacinamiento aumentó tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero pasado, que destruyeron ocho recintos penitenciarios ubicados al Sur de Chile lo que significó el traslado de unos 1.700 reclusos. Antes de esa tragedia, el nivel de sobrepoblación alcanzaba al 62%.

La directora del Instituto de Derechos Humanos de Chile, Lorena Fríes, dijo que tanto ONU como la OEA "han manifestado sus reparos respecto a las condiciones carcelarias en Chile, específicamente respecto del hacinamiento". Según un informe de este organismo, la sobrepoblación es de 21.000 reos.

"El hacinamiento y las inhumanas condiciones en que viven las personas privadas de libertad, la insuficiencia de recursos para la rehabilitación y la reinserción laboral, y la aplicación de regímenes de castigo contrarios a los estándares internacionales son ejemplos de las principales vulneraciones de derechos que afectan a esta población``, afirmó Fríes en un informe entregado al gobierno chileno.

Pero la sobrepoblación carcelaria no es sólo un problema de Chile, sino que es la regla en toda la región, donde varios países registran tasas récord de homicidios.

En El Salvador, se albergan 24.000 prisioneros en cárceles diseñadas para 8.000 reclusos. Desde hace 10 años, las autoridades alojan a miembros de poderosas bandas rivales en establecimientos separados para evitar los enfrentamientos. Pero aún detrás de los barrotes, el crimen organizado continúa imponiendo su ley.

En México, "los hombres de los cárteles son los reyes, los señores de sus cárceles", denunció el abogado penalista José Antonio Ortega. "Los gángsters operan desde dentro, hacen extorsiones y chantajes. Vimos una prisión donde los detenidos de día se transforman en sicarios a la noche. Les proporcionaban armas y vehículos para ir a matar, y regresaban a dormir a la prisión como angelitos", aseguró Ortega. Sus expediciones nocturnas habrían dejado 35 muertos, según la fiscalía mexicana, y la directora de esa prisión de la localidad de Gómez Palacio, cerca de Torreón, fue arrestada a fines de julio.

"Podemos tratar de mejorar la formación de los guardias, sus salarios y sus condiciones de trabajo (...) pero el poder del dinero del tráfico de drogas sobrepasa cualquier alza salarial que puedan otorgar los gobiernos", explicó Lina Zúñiga, socióloga de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago.

En noviembre, una prisión del Norte de Brasil vivió una rebelión que se saldó con tres muertos. La cárcel, como en el caso de Chile, albergaba 828 detenidos cuando fue diseñada para poco más de 200. En el mismo mes, también en el Norte de Brasil, otro motín concluyó con la muerte de 18 prisioneros, entre los cuales cuatro fueron decapitados.

Esas regiones quedaron al margen de un programa de construcción de nuevas prisiones que permitió un "descenso en los motines" en Brasil estos últimos años, dijo Armando Tambelli, miembro del Observatorio de Prisiones en Sao Paulo.

"En los Estados (pobres) del Norte donde las cárceles son grandes, superpobladas y precarias, una rebelión puede estallar en cualquier momento", precisó.

En Paraguay, las autoridades intervinieron en septiembre una cárcel de Asunción, donde los detenidos rodaban películas de filmes pedófilos con menores que hacían ingresar y a los que presentaban como miembros de sus familias.

"El sistema está en crisis en prácticamente todos los países de América Latina", analizó Lucía Dammert, coautora con Liza Zúñiga del informe "La prisión: problemas y desafíos para las Américas". Una de las razones es la falta de dinero: "La inversión pública en el tema carcelario es mínima", subrayó Dammert.

"La mayoría de las prisiones en América Latina son muy antiguas, con una arquitectura y una estructura del Siglo XIX o principios del siglo XX, y no han sido modernizadas", añadió Zúñiga.

Chile, Brasil o Colombia construyeron nuevas prisiones, pero el problema persiste. "En Chile, nuevas prisiones han sido construidas pero eso no ha sido acompañado del cierre de las cárceles antiguas", indicó.

Tras el incendio Piñera delineó 15 medidas para mejorar las condiciones de los reclusos, entre las cuales destaca la construcción de nuevas cárceles con inversiones millonarias. Pero diputados opositores criticaron la propuesta, porque consideran que el problema no se soluciona con la construcción de cárceles "sino que con una reforma profunda a todo el sistema de justicia y carcelario del país", dijo el diputado Ricardo Rincón.

Para los expertos la prioridad debería ser el reducir la población carcelaria. Lucía Dammert sugiere la adopción de "medidas alternativas para los primarios o los delincuentes no violentos, que van desde trabajos comunitarios al brazalete electrónico, ya que ello permitiría descongestionar el mundo carcelario y evitar el contagio criminal".

"Las prisiones son como una universidad del crimen", puntualizó Liza Zúñiga.

El año del Bicentenario de la independencia ha sido accidentado para Chile. En febrero, un terremoto mayor al que un mes antes había sufrido Haití fue seguido de tsunamis en Concepción y sus alrededores. En total murieron 795 personas y los daños fueron millones, pese a que el país se encontraba muy bien preparado para enfrentar sismo.

En agosto, 33 mineros quedaron atrapados bajo tierra en el yacimiento de San José, al norte de Chile. Unos 70 días después, en un operativo de rescate televisado en directo a todo el mundo, y con la omnipresencia de Piñera, los 33 salieron vivos a la superficie.

El tercer incidente ha sido el incendio ocurrido en la cárcel el miércoles, pero este no ha acabado bien. El fuego comenzó a partir de una refriega entre presos que derivó en la quema de colchones. Los bomberos tardaron en llegar a un presidio con capacidad para 1.100 personas, pero que albergaba a 1.960.

En el incendio murieron 81 presos y otros 14 fueron ingresados en hospitales por su estado de gravedad. Fue el peor accidente carcelario de la historia de Chile y el tercer incendio con más víctimas del país.

"Chile no merece un sistema carcelario como el que tenemos. Éste es un problema que se arrastra ya desde hace mucho, mucho tiempo", dijo el presidente Sebastián Piñera.