Con el rechazo de los senadores del Partido Nacional y el voto "por disciplina partidaria" de los dos senadores socialistas, el Senado dio ayer media sanción al proyecto de ley que faculta al personal militar a controlar el acceso a las cárceles y realizar la guardia perimetral hasta el 31 de diciembre de 2012. La zona donde cumplirán funciones los efectivos de las Fuerzas Armadas será declarada "área militar", según indica el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobado por 17 en 24.
Los senadores colorados apoyan la iniciativa pero no estaban en sala cuando se aprobó la norma: se habían retirado unos minutos antes molestos por la decisión del Frente Amplio de intentar aprobar el tratado constitutivo de la Unasur (ver página A10).
La senadora socialista Mónica Xavier expresó en sala que su partido tiene "discrepancia filosófica" con la idea de poner a los militares a controlar las cárceles pero explicó que respetan la disciplina partidaria. Minutos después, Daniel Martínez -también socialista- dijo que para su partido "es fundamental la unidad de acción" y por eso respaldaron el proyecto.
En tanto, el senador del Espacio 609 Ernesto Agazzi admitió que la ley es "un parche", pero dijo que se intenta solucionar la situación carcelaria.
Los senadores blancos, por su parte, lanzaron duras críticas al proyecto de ley. "Es a todas luces inconveniente y expone a las Fuerzas Armadas a esfuerzos innecesarios", dijo el senador blanco Carlos Moreira. Y apuntó que muchas veces "lo transitorio es permanente" y en este caso los cambios implican "riesgos demasiado grandes".
CAMBIOS. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2012 (prorrogable hasta el 1° de julio de 2013) a encomendar al personal militar el cumplimiento de funciones de guardia perimetral en las cárceles, el "control de acceso" a los centros y también la "revisión de personas y objetos que se pretendan ingresar".
El control y revisación de los militares también "será aplicable al personal policial que trabaja en las cárceles". El proyecto de ley advierte que los militares deberán "agotar los mecanismos de disuasión" antes de "utilizar medios materiales de coacción".