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RODOLFO SIENRA ROOSEN
El riesgo que se consume el atropello está. Por más que al senador Jorge Saravia no lo mueva nadie. Por más que Nin Novoa acomode su viaje para cumplir compromisos menos ineludibles que los que le impone su condición de representante del Soberano que defendió con éxito los intentos de fumigación de la ley y también le pese su condición de ex Vicepresidente de la República.
Por más que Fernández Huidobro no quiera ser "estafador" de la voluntad popular como lo dijo en mayo de 2006, es posible que el espanto que aprobó Diputados -o algo por el estilo- termine prosperando. Esto viene empujado al impulso de una extraña y para nosotros hasta sospechosa desesperación por enchastrar con el lodo del desprestigio el orden jurídico nacional.
Se podrá discutir si la Ley de Caducidad -una ley de amnistía con una redacción almibarada pero en sustancia similar a la que amnistió en marzo de 1985 a los terroristas violadores también de derechos humanos- no fue oportuna. Se podrá discutir su constitucionalidad -la Suprema Corte con una integración dijo que no era inconstitucional y con la actual falló que sí lo era- pero es ley, y cuando fue impugnada, la gente fue la que laudó.
No hay entonces Corte Internacional que pueda sancionar a un Estado por defender la voluntad de su pueblo. Eso no existe. Si la ley cumplió su misión, pues que se derogue, y si a alguien le parece que no corresponde aplicársela, pues teniendo legitimación activa que la demande por inconstitucional. Y punto, no da para más.
Saravia dijo que el intento del Parlamento implica un golpe de Estado técnico. ¡Qué técnico ni técnico! Es un golpazo con toda la barba, un porrazo de Estado, que termina con la seguridad jurídica, con los derechos adquiridos, con la garantía de la irretroactividad de la ley penal más severa, con el principio de Separación de Poderes, con la democracia directa, y hasta con el programa original del Frente Amplio que se comprometía a cumplir integralmente la ley de Caducidad, y que ahora, borrando con el codo lo que se escribió con la mano, traiciona a su propio electorado.
Y tiene razón Saravia -con quien tenemos discrepancias sustanciales de ubicación política actual- cuando recuerda en términos muy duros que "ni a los milicos se les ocurrió desconocer el resultado de un plebiscito", con lo que sugiere que esto es peor.
Que para evitar este atentado el país tenga que depender de lo que hagan dos o tres Senadores, después que cincuenta Diputados dieron el paso inicial, es preocupante. Y también hay que reclamar que no falte un solo Senador de la oposición para votar en contra.
En Diputados, de los 49 opositores votaron negativamente a la agresión institucional sólo 30. ¿Qué estaban haciendo los otros 19? Porque no es lo mismo perder por un voto, que por veinte. ¿Es que no se siente no sólo el deber sino el honor de votar por la negativa en defensa de la Constitución y de las Instituciones?










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