Gerardo Martínez vive en un monoambiente del Centro con su mujer y dos hijos. Debido a la reciente llegada del segundo, decidieron activar el plan de mudarse hacia un apartamento de mayores dimensiones en Pocitos, propiedad de su familia.
Allí vivía un inquilino que estaba por finalizar su contrato, y que entregó la llave una semana antes, mientras ellos vacacionaban fuera del país. Al regresar, la pasó a buscar y fue al apartamento con un albañil para ver qué habría que refaccionar. Cuando vio que no podía meter la llave en la cerradura, se dio cuenta de que sucedería lo mismo que le pasó a sus padres con otra casa familiar en Maroñas.
"Tocamos timbre, abrieron dos personas y nos dijeron que habían alquilado la casa por tres mil pesos", explicó. En la inmobiliaria le dijeron que como la cerradura de la casa no está forzada, no se puede hacer una denuncia por ocupación. Tampoco se los puede retirar con fuerza pública. A mí hubo gente que me dijo `encontrá algún policía amigo y sacalos`, pero eso no se ajusta a derecho. Y además, se supone que yo tengo mis derechos sobre esa casa, ¿por qué voy a apelar a sacar gente por la fuerza? De ninguna manera", dice Martínez.
Con el proceso iniciado, ahora le toca esperar los plazos legales y el dictamen del juez que, esperan, llegue antes de la feria judicial, para no tener que esperar hasta después de enero.
"Todos los propietarios que han pasado por esto saben que no es tan sencillo hacerse de la casa. El hecho del estado en que pueda quedar es fundamental. Te puede tocar buena gente que esté realmente pasando un mal momento y ocupa la casa como última alternativa, y podés tener gente que no sólo busca ampliar las prórrogas sino que además puede dejarte la casa rota como venganza", explica Martínez. "Ya le pasó a mis padres con aquella casa, y nosotros no tenemos presupuesto como para reformarla". Si hay venganza y queda en muy mal estado, asegura, también tendrán que olvidarse de esta opción.