El gobierno pretende
poner militares
en la guardia perimetral en diferentes establecimientos carcelarios y también en el control de acceso a las cárceles. Policías de Canelones advierten que no tolerarán "abusos" contra familiares o uniformados.
La decisión generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación Sindical de Policías de Canelones (Aspoca). Su presidente, Jorge Molina, dijo a EL PAÍS digital que "al mínimo" conflicto generado con los uniformados se tomarán medidas.
"No es una amenaza, es una advertencia", puntualizó. Molina opinó que esta situación generará rispidez. "¿Qué va a pasar cuando un cabo del Ejército tenga que pasarle revista al director de la cárcel?", se preguntó.
El dirigente sindical entendió que un militar "no es apto" para tratar con personal civil ya que su preparación psicológica es para escenarios de guerra o estados de sitio.
En un comunicado divulgado en las últimas horas, Aspoca expresó que si el Ministerio del Interior "no confía" en sus policías, sería "bueno que le entregara todas las cárceles al Ministerio de Defensa".
Molina dijo que si el gobierno no puede confiar en sus policías, en quién podrá hacerlo. "Si hablan de presuntos hechos de corrupción policiales y por eso la medida, ¿quién garantiza que no los habrá en el Ejército?".
ANTECEDENTE.
No es la primera vez que el sindicato policial rechaza una resolución del gobierno en materia de relacionamiento policías y militares.
Molina recordó que la futura situación en cárceles ya se vive en materia de vigilancia en los aeropuertos. "Hay sectores en manos del Ejército que están bajo órbita del Ministerio del Interior. Hoy va un jefe policial al área que pertenece a Interior, pero que está custodiada por el Ejército, y tiene que presentar documentación", afirmó.