Frenarán el gasto si se detiene el crecimiento

ALEJANDRO NOGUEIRA

Suele decirse que en Uruguay, al revés de lo que ocurre en los "países serios", el Parlamento no es un freno al gasto del Ejecutivo, sino al revés. El gobierno del FA intenta precaverse y colocó en el Presupuesto un "seguro" para cortar gasto si hay crisis.

En el Presupuesto Quinquenal enviado al Parlamento esta semana no sólo ha sido cuestionado por ser expansivo en el gasto, excesivamente optimista ante un presunto "quinquenio de oro" de crecimiento y poco flexible si se desata una de las periódicas crisis del capitalismo que sacuden a un país pequeño y abierto. Por ello, con cierta timidez, desliza en el artículo 85 un "gatillo" para acortar las riendas si la coyuntura se torna adversa. Allí reza: "El incremento en las asignaciones presupuestales autorizadas para cada ejercicio en la presente Ley a partir del ejercicio 2012, estará supeditados al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del producto bruto interno considerado en las proyecciones macroeconómicas incluidas en la exposición de motivos de la presente Ley".

Es una ley fiscal casi encubierta, más tenue de la que el entonces ministro de Economía Danilo Astori intentó poner en el Presupuesto de la administración Vázquez y que el Parlamento supo diluir.

El artículo es un cheque en blanco al equipo económico: si la economía se frena a partir del aún lejano 2012 también podrían frenarse, al menos en algunos casos.

Este fue un punto recientemente analizado por el economista Gabriel Oddone de CPA/Ferrere que, en una charla a clientes, al señalar esta escasa flexibilidad en un presupuesto destina el 52% de los recursos a remuneraciones (no se pueden bajar sueldos), el 25% a funcionamiento (un área bastante rígida) y el 22% a inversiones. "Al final del día apenas podrá tomar decisiones sobre 22% del aumento presupuestal", apuntó Oddone.

En este caso, en un presupuesto expansivo y con énfasis en temas de gran sensibilidad social (seguridad, cárceles, Inau, educación, vivienda, salud), el gobierno hizo sus números en un escenario de crecimiento promedio de 4,6% en el quinquenio, lo que avalan otras proyecciones de la economía mundial pero que nadie, en el mundo actual, puede dar por seguras. Fenómenos regionales -aún de génesis puramente política- o situaciones impensadas en las economías que hoy empujan la expansión (China, India) pueden modificar el contexto de forma dramática de una semana a otra.

Al formularse el Presupuesto de la era Vázquez, las heridas de la crisis de 2002 aún sangraban y el horizonte mundial se mantenía incierto. La apuesta a una "ley fiscal" fue más arriesgada y clara: "El Poder Ejecutivo, en cumplimiento del cometido de velar por la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas, adoptará las medidas necesarias a los efectos de asegurar que el incremento anual del gasto primario corriente del Gobierno Central no supere el 3% (tres por ciento) en términos reales", señalaba el artículo 31.

Incluso, en aquel presupuesto post crisis que aumentaba 30% el gasto para dar respuesta a deudas sociales, el Ejecutivo se autoimponía el compromiso de que, si gastaba más debía "informar las razones que motivaron el mismo y poner las medidas correctivas necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento de las metas de gasto en un período máximo de 12 (doce) meses".

Aquel equipo económico fue incluso más allá: en el siguiente artículo presupuestal se autorizaba a "establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias, y de gastos de inversión". Y agregó que estas limitaciones "no afectarán las asignaciones determinadas en la presente Ley, suspendiéndose su ejecución hasta tanto se ajusten los ingresos reales a los programas".

El Parlamento luego se encargo de diluir estas normas de contención fiscal trocándolas por una frase declarativa: para mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las cuentas públicas el Poder Ejecutivo "adoptará las medidas necesarias a los efectos de asegurar que el incremento anual del gasto primario corriente del Gobierno Fiscal, no supere, en términos reales, un monto que afecte los parámetros de la estabilidad y la sostenibilidad arriba referidos". Del límite de 3% no quedaron rastros. Y si el gasto superaba los difusos "parámetros", solo quedaba el deber de informar, de proponer "medidas correctivas", pero nada de "establecer límites de ejecución" en gastos de funcionamiento e inversiones.

Con cautela en la bancada oficialista

El debate presupuestal no ha comenzado y ni siquiera hay información en la bancada oficialista del "gatillo" fiscal del artículo 85. Doreen Ibarra (Fidel), que preside la comisión de Presupuesto de Diputados y se enteró ayer por El País de esta disposición. "Ya lo anoté para preguntarlo el lunes, cuando venga al Parlamento el equipo económico a reunirse con la bancada", dijo Ibarra a El País.

El legislador no quiso opinar sobre esa cláusula y esperará a la instancia del lunes, donde los legisladores podrán plantear las dudas.

Por su parte Gonzalo Mujica (Espacio 609) fue cauto: "A priori me parece sensato lo que plantea el gobierno. Si no se pone algo así, hay riesgo de desfinanciarse", razonó. "No puede haber incremento de asignaciones presupuestales si el PBI no crece, asignaríamos recursos no financiados. El crecimiento del PBI determina los ingresos del Estado", remató.