Vaca sagrada

En un reciente artículo de prensa, el Esc. Guillermo Stirling destaca el ponderable esfuerzo que están haciendo las autoridades por atacar el tema de la inseguridad, aunque observa que hay algunas iniciativas que si se tomaran darían un vuelco significativo a la psicosis de inseguridad y temor que se siente en todo el país. Pero son justamente medidas que para tomarlas, el gobierno debería romper con el manto ideologizado que las cubre.

Nos vamos a detener en una de esas "vacas sagradas" -que así las considera nuestra fuente- como el contenido del artículo 222 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Esa norma dispone que "la información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad. Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley, se deberán destruir en forma inmediata al cumplir dieciocho años o el cese de la medida".

Stirling se pregunta por qué mantener en vigencia semejante barbaridad respecto de los antecedentes de menores que si salen de su reclusión regenerados será por su mérito o por el de quienes lo apoyaron, y nosotros nos preguntamos lo mismo, con el agregado que no se explica racionalmente por qué debe pagar, o arriesgar a la sociedad a que vuelvan a cometer rapiñas, copamientos, asesinatos, debiéndoseles considerar primarios, como el reciente "caso Maikol".

La cuestión está íntimamente relacionada con el problema de la edad de imputabilidad. En cuanto al punto, es notorio que para algunos es cuestión de edad -como los que proponen dejarla en los dieciocho años y otros rebajarla a dieciséis o menos- y para otros lo que importa no es la edad sino el índice de peligrosidad social del sujeto, lo que requiere una reclusión en reformatorios adecuados y un tratamiento a cargo de siquiatras, sociólogos, criminólogos y demás especialistas para dar un diagnóstico justo.

Por supuesto que costaría dinero, pero no habrá mejor inversión que la que proteja al individuo contra el delito que puede terminar con su vida, lesionarlo gravemente, o desposeerlo de sus bienes, y si hoy la reincidencia entre los mayores es de un 70%, entre los menores que pasan a ser imputables, esto es, adquieren capacidad para responder penalmente, es mayor.

Hubo iniciativas parlamentarias para derogar o modificar esta norma, como la del Dr. Luis Lacalle Pou en la legislatura anterior y vuelta a presentar, pero la izquierda no quiere y no da una explicación convincente. Cada individuo es en sí mismo un mundo distinto, y es también el mismo el día anterior de cumplir dieciocho años como el siguiente. Su peligrosidad no se puede medir por calendario. Por consiguiente, el Juez tiene la necesidad de analizar la personalidad del delincuente y no puede prescindir de sus antecedentes para resolver sobre su destino.

Es absurdo argumentar en contra de una ley natural. El hombre tiene una sola vida y una sola personalidad. Se puede cambiar de hábitos, moldear una personalidad, mejorarla o empeorarla, pero no puede ser que tengan que pasar dieciocho años para empezar de cero a los efectos de dar apoyo a un individuo para su reinserción social.

Esto es típico del pensamiento de una izquierda fuera de época, la benevolencia con el delincuente antes que la seguridad de las víctimas.

No estamos solos en esta prédica. El Juez y el Fiscal de Menores, Dres. Hugo Morales y Gustavo Zubía, están de acuerdo en tener en cuenta los antecedentes de la minoridad, y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia no ve obstáculo jurídico ni norma internacional alguna para ello.

Entonces, y con todo respeto, la salida del Vicepresidente del INAU, afirmando que el Código en cuestión es "adecuado" a nuestra realidad, obliga a la misma pregunta del editorial del 27 de agosto. ¿Hay ineptitud para gobernar o no interesa gobernar como se debe?