Indagan vínculo de funcionarios en caso de chinos

El juez especializado en Crimen Organizado, Jorge Díaz, investiga junto a la Oficina Central de Interpol la posible vinculación de funcionarios de Migración y de operadores marítimos con el caso de los ciudadanos chinos que fueron rechazados desde Argentina.

El magistrado especializado dijo a El País que de momento no han surgido indicios sobre la existencia de una organización dedicada al tráfico de personas, pero reconoció que esta es la principal hipótesis.

"No sabemos aún si se trata de una organización, estamos reuniendo elementos. La investigación es amplia, puede involucrar o no a funcionarios de Migración, puede involucrar o no a agencias marítimas, por eso tenemos que indagar", indicó el magistrado.

En cuanto a los ciudadanos asiáticos, Díaz señaló que sólo han sido indagados en calidad de testigos. Recordó que, de acuerdo con el Artículo 77 de la Ley de Migración, estos ciudadanos sólo pueden ser considerados como posibles víctimas de tráfico de personas.

"Para nosotros se trata de una investigación más difícil dado que se origina el caso en un rechazo de estos ciudadanos desde Argentina, lo cual nos lleva a una investigación reactiva, esto es cuando el delito ya se cometió, y no proactiva que es cuando está ocurriendo y nosotros podemos investigar durante ese proceso", indicó Díaz.

Mientras se sustancian estas actuaciones a nivel judicial, en la órbita del Ministerio del Interior se llevan adelante actuaciones administrativas en torno a funcionarios de la Dirección Nacional de Migración, para establecer si le cupo a alguno de los destacados en el Aeropuerto o en terminales portuarias algún tipo de responsabilidad.

Fuentes policiales consultadas señalaron que existe información a nivel internacional sobre la actuación de redes de traficantes de personas, que llevan a asiáticos vía Argentina, donde se les provee documentación falsa y de allí siguen viaje a México para, finalmente, llegar a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Cómo se pena el tráfico de personas

El Artículo 77 de la Ley 18.250 (Ley de Migración) expresa: "Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría".