Reglamentan ley de medios pese a recursos judiciales

BUENOS AIRES | EL PAÍS DE MADRID Y

LA NACIÓN / GDA

Pese a que la Justicia aún debe resolver varios planteos en contra de la norma, el Gobierno argentino dio ayer un paso más para que la ley de medios entre en vigor y publicó su reglamentación en el Boletín Oficial.

Todas las semanas, el Gobierno argentino da un golpe distinto al mayor grupo de medios de su país, Clarín. Ayer dio un paso para que entre en vigor la nueva ley de regulación de televisión y radio, que obliga a este y a otros bloques a vender emisoras en el plazo de un año, pese a que existen cuatro recursos de amparo judiciales que han suspendido la aplicación de toda la norma o de alguna de sus partes, como la referida a las desinversiones.

La ley de servicios audiovisuales fue aprobada por el Congreso en octubre pasado con el voto favorable del kirchnerismo y de fuerzas opositoras como el Partido Socialista y el izquierdista Proyecto Sur. La ley limita la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede tener un mismo grupo, lo que obligará a Clarín, a PRISA -propietario de varias radios- y a otros conglomerados a vender algunas de sus licencias.

La ley establece que un tercio de las licencias quede en manos del sector privado; un tercio, en las del Estado, y otro tercio, en las de las ONG. La norma ordena que las desinversiones se concreten en un año a partir de su entrada en vigor.

La ley no había entrado en vigor hasta ahora porque jueces y tribunales de segunda instancia la habían frenado. La Justicia había admitido cinco recursos de amparo que habían presentado Clarín, la operadora de televisión por cable Supercanal, dos diputados y una asociación de consumidores. Uno de los recursos fue rechazado en junio por la Corte Suprema y otros cuatro siguen aún vigentes.

Pese a todo, Fernández ha firmado el decreto de entrada en vigor de la ley, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Argentina.

El jefe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, explicó que esa publicación "permitirá la aplicación de la totalidad de los artículos de la ley". Él es quien supervisará la transferencia de licencias y no dejó dudas sobre la interpretación de la Casa Rosada. También recordó que, a partir de la reglamentación, las empresas "que están en posición dominante" tendrán un año para decidir con qué licencias se quedan y a cuáles renunciarán.

Pero los legisladores opositores no coinciden con la versión oficial y plantean que, aun con la norma ya oficializada, no se puede considerar que la ley haya entrado en vigencia debido a las medidas cautelares presentadas en su contra que ordenaron suspender parte o toda la ley. Se trata de asuntos aún no resueltos de manera definitiva por la Justicia.

"La ley no se puede empezar a aplicar de ninguna manera. Técnicamente está suspendida y hasta que los planteos no se resuelvan en todas las instancias no entrará en vigor", sintetizó el diputado y abogado Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical.

Fernando Iglesias (Coalición Cívica), que integra la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, coincidió con ese diagnóstico y apuntó que "es elemental: si hay fallos de suspensión en manos de jueces es evidente que la ley no está en vigencia hasta que eso se resuelva. La ley está suspendida en sus efectos hasta que no haya sentencias en firme".

El legislador distinguió el fallo de la Corte Suprema, que revocó uno de los planteos judiciales de los que todavía se analizan en otras instancias. "Esas presentaciones están perfectamente vigentes, más allá de lo que dijo la Corte. Lo que hizo fue revocar la medida cautelar que había presentado el diputado Thomas, pero no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley o de alguno de sus artículos, que es lo que está en discusión", comentó el legislador.

Este no es el primer golpe que recibe el grupo Clarín en los últimos días. Hace dos semanas el Gobierno le quitó la licencia a su proveedor de Internet por presuntas irregularidades administrativas y la semana pasada la presidenta Fernández denunció la supuesta apropiación ilegal de la principal fábrica argentina de papel para periódicos (propiedad de Clarín, La Nación y el Estado) y envió al Congreso un proyecto de ley para regular su producción y distribución.

El asunto generó la alerta de políticos, empresarios y comunicadores, y el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, ahora distanciado del Gobierno, volvió a poner en tela de juicio la versión oficial: "Se construyó una historia que parece no tener correlato con todo lo que se investigó en la Justicia en todos estos años de la democracia", declaró a radio La Red.

"A la presidenta no hay que ponerla a decir cosas que después son difíciles de probar. Cuando los escucho hablar me pregunto por qué no se estudia más el tema", lanzó luego, antes de aclarar que mientras se desempeñó en el Gobierno nunca le dijeron que investigara la compra de Papel Prensa.

Cesa intervención a Papel Prensa

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó, por voto unánime, sin efecto la intervención judicial de Papel Prensa, que el pasado 8 de marzo había dispuesto un juez a pedido del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y de la Comisión Nacional de Valores. La decisión judicial fue dictada apenas una semana después de que la presidenta Cristina Kirchner denunciara judicialmente a los directores de Papel Prensa por violación a la lealtad comercial y crímenes de lesa humanidad. Además, envió al Congreso un proyecto de ley para controlar la producción, distribución y comercialización del papel sobre el que se imprime el diario.

Ahora cesa la actuación del interventor coadministrador en Papel Prensa, Martín Arecha, y la empresa recobra su normal administración societaria a través de los órganos que se regulan en la Ley de Sociedades Comerciales.

En tanto, un juez ordenó reanudar la asamblea de la empresa realizada el pasado 12 de agosto que fue suspendida por "desorden", cuando ingresó el secretario de Comercio Guillermo Moreno. El magistrado le pidió "que se comporte correctamente, mostrando respeto por la convivencia pacífica y civilizada y ajustando a derecho su conducta".