En 821 artículos el gobierno resumió su plan para el quinquenio en la ley Presupuestal que ingresó a la hora 19.40 al Parlamento. Los aumentos de gasto previstos -18%- se fundan en una perspectiva optimista de la economía.
Los más notorios incrementos de gasto refieren a las políticas de vivienda, de seguridad (policías, cárceles), de aspectos de la educación -salario entre ellos-, a algunas reformas en la gestión de los recursos humanos en el Estado y mejoras de infraestructura, especialmente vial.
Se sostiene que "los fundamentos económicos del país son sólidos y constituyen un buen punto de partida para encarar los próximos años con moderado optimismo" sin que se perciban "desequilibrios macroeconómicos que puedan poner en duda las perspectivas favorables de mediano plazo de nuestra economía". La visión optimista, también se apoya en "proyecciones de instituciones privadas y de organismos internaciones, que prevén una significativa recuperación de la economía mundial a partir de 2010", por ejemplo el FMI que espera cinco años de crecimiento de 4,5% de la economía mundial, en promedio.
También se prevé una inflación en baja bajo un supuesto de estabilidad del tipo de cambio y una masa salarial constante en términos del PIB.
El presidente José Mujica sostuvo ayer en su audición radial por M24 que "el presupuesto que se pone en discusión tiene los límites que impone la sensatez, pero no es un presupuesto a menos ni es un presupuesto a la aventura". Dijo que "no pretende ser la panacea, pero el gobierno no se ha guardado nada" y aseguró que no se exponen "cifras fantásticas" sino "muy prudentes".
El equipo económico estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá a un promedio anual de 4,6% hasta 2014, que el déficit fiscal se reducirá solo de a 0,1 punto porcentual del PIB en ese período y que el dólar tenga un costo promedio de $ 22,871 en 2014. Asimismo, en el período 2010-2014 prevé emitir deuda por US$ 4.950 millones, para financiar parte de los US$ 8.761 millones que deberá pagar entre amortizaciones e intereses en ese lapso.
Así se espera un resultado global del sector público de -0,7% del PIB en 2015 y "una reducción de la deuda a niveles cercanos a 40% del PIB en dicho año".
Flexibilidad. Tras recibir de manos del ministro de Economía, Fernando Lorenzo y de la contadora general de la Nación, papeles por un metro de altura, el vicepresidente de la República, Danilo Astori aseguró que no es una propuesta inflexible. "La definición está en manos del Parlamento y lo tenemos que respetar", dijo. "(…) El gobierno no viene con una propuesta en la cual no se puede discutir y respecto a la cual haya inflexibilidades totales", agregó.
No obstante, el equipo económico ha dado claras señales de que no aceptará un incremento del gasto, no habrá mensaje complementario y que la "batalla presupuestal" que se instala desde hoy en el Parlamento (concretamente en la Cámara de Diputados en primera instancia), solo podrá reasignar recursos.
La exposición de motivos sostiene que las prioridades presupuestales definidas se basan en "el Plan de Gobierno presentado a la ciudadanía durante la campaña electoral de 2009" y contemplan los acuerdos multipartidarios sobre varios temas.
Se subraya asimismo, en el capítulo de seguridad pública, que se apunta a "la profesionalización de la fuerza pública y la mejora sustancial en sus condiciones de trabajo y remuneración del personal policial", así como las mejoras en infraestructura y tecnología.
Se ratifica asimismo que en materia de educación se mantiene el 4,5% del PIB lo que supone, en términos reales, un aumento de los recursos.
También se destaca la prioridad en materia de vivienda con "un aumento significativo de los recursos" para este sector para el Plan Quinquenal de Vivienda para el quinquenio.
En infraestructura, la prioridad será la infraestructura vial y la promoción de Asociaciones Público Privadas (APP) "para concretar un amplio conjunto de inversiones en áreas de infraestructura logística, portuaria y aeroportuaria", para lanzar al país como "plataforma logística regional".
Reforma del Estado. La normativa involucra diversos cambios en la gestión de los recursos humanos del Estado, sistema de ingresos, mecanismos de ascensos, y redistribución de funcionarios luego de ser declarados excedentarios en sus actuales reparticiones.
Se autoriza el establecimiento de "retribuciones variables vinculadas al desempeño", "reestructuras y a la implementación de una nueva carrera funcional" mediante tres experiencias piloto, "que luego se irán extendiendo en oportunidad de las próximas rendiciones de cuentas".
El Poder Ejecutivo queda facultado a aprobar las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo, previo dictamen favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias. Estos cambios se remitirán a la Asamblea General que debe pronunciarse antes de 45 días porque vencido este plazo se darán por aprobadas.
Se crea el Sistema de Gestión Humana (SGH), que supone una base de datos que cuenta con los datos personales, funcionales, régimen horario y retributivo, etc.
Se faculta al Poder Ejecutivo, a Economía, OPP y la ONSC "a establecer las pautas generales para la composición de las retribuciones totales de los cargos y funciones que sean incluidos en el nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa".
Las redistribuciones de funcionarios solo podrán ser para los declarados excedentarios en sus respectivas oficinas y "no podrá significar, en ningún caso, lesión de derechos funcionales". Las vacantes que se deban llenar surgirán de estos excedentarios o de llamados fundados y mediante concursos centralizados denominado Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Asimismo, se prohíbe por el término de tres años, "toda designación o contratación de servicios personales de cualquier naturaleza, que tenga por objeto la prestación de las tareas inherentes a los cargos para sustituir a los funcionarios declarados excedentes".
También se faculta a los jerarcas en la Administración Central a redistribuir personal de sus dependencias, cuando las necesidades del servicio lo requieran. El traslado no podrá afectar el derecho a la carrera administrativa del funcionario.
Los ascensos de los funcionarios se realizarán por concurso de méritos y antecedentes o de oposición y méritos en un llamado restringido a los funcionarios presupuestados del inciso.
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Las cifras
44.913 millones de pesos es lo que se estima que aumentará la recaudación del Gobierno Central y el BPS a 2014 a pesos de 2010.
290.000 personas ingresarán al Fonasa entre cajas de auxilio, profesionales y cónyuges de trabajadores ya incorporados al sistema.
Contratos y licencias
Los funcionarios contratados de manera permanente pasarán a ser presupuestados en el último grado del escalafón respectivo. También se definen el régimen de licencia por estudios (hasta 20 días hábiles anuales por exámenes) y el régimen de licencia por enfermedad, que si supera los 60 días en un año o los 90 en dos obliga a la intervención de una Junta Médica. El becario no podrá tener un contrato de más 30 horas semanales y tendrá una remuneración de 4 BPC ($ 8.244). El pasante (con estudios culminados) podrá trabajar hasta 40 horas semanales por hasta 7 BPC (14.427) Se restringen el pago de cachet artísticos y se crea el contrato laboral.
Ajuste anual a públicos por IPC
Los ajustes salariales a los empleados públicos, tanto en la administración central como en los entes y demás organismos del Estado se basarán en la meta de inflación fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica (rango medio) y según "las disponibilidades del Tesoro Nacional". Serán anuales y solo excepcionalmente bianuales y podrán incluir, asimismo, un correctivo que tome en cuenta la diferencia si la inflación supera el 10% anual.
En la educación las remuneraciones subirán 22,8% real entre 2011 y 2015. Un 6,9% y otros estímulos internos; 0,3% se destinará a atender otras situaciones de inequidades salariales; 2,4% financiará la creación de un componente salarial de naturaleza variable en las ramas que suscriben el acuerdo. Finalmente, el 8,6% restante se destinará a aumentos generales.
Asimismo, se prevén unos $ 200 millones para atender las inequidades de los salarios más bajos de la Administración Central con un salario mínimo de $ 14.400 para 40 horas efectivas trabajadas.
"En caso de existir excedentes", se habilita al Poder Ejecutivo a destinar los mismos a financiar un régimen de presentismo con partidas fijas, de pago individual.