Arremetida a la prensa

Como castillo de naipes empezó a desmoronarse el demencial proyecto de los Kirchner, quienes evidentemente fantaseaban con la idea de poner tras las rejas a dos de los dueños de los más influyentes representantes de la prensa independiente. El diario La Nación y el multimedio (no monopolio) Clarín, al intentar asociarlos con crímenes de lesa humanidad cometidos en los tiempos de la dictadura militar.

Las desmentidas hechas públicas por el hermano y la hija del Sr. Graiver, ex dueño de Papel Prensa, e inclusive ante la justicia el miércoles pasado, que contradicen las supuestas declaraciones incriminatorias salidas de boca de su viuda, la cual a su vez, terminó por desdecirse, son de una contundencia tal, que hace impensable, que al menos esa parte del plan K. pueda lograr su maquiavélico objetivo. Sin embargo, hay más de un flanco por el que el oficialismo ataca para cercenar la libertad de prensa, a la cual no sólo no tolera, sino que visualiza como el gran enemigo para su proyecto de poder. No lo detiene ni la vulneración del derecho de propiedad, ni el de los consumidores, como se ha visto con la intempestiva decisión de prohibir (autorización ya concedida y en regla) a Fibertel, (Grupo Clarín) la continuación de sus servicios de internet, a su millón de usuarios, ni tampoco el violentar a la Constitución republicana.

La tarde del bochornoso espectáculo en la Casa Rosada, en el que se presentó el tan abultado como vacuo informe caratulado Papel Prensa la Verdad, (nada menos) producto del trabajo encargado, vaya ironía, a los grandes responsables de la destrucción del Indec y de sus indisimulables datos mentirosos, el secretario Moreno y su colaboradora Paglieri, la novedad que anunció la Presidenta fue la de un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel de diario.

La escalada kirchnerista contra la libertad de expresión, mientras a su alrededor va montando una red de medios complacientes, que viven a expensas de la publicidad oficial y en manos de gente amiga, como ya se ha hecho en otros sectores como el energético, la banca, etc., además de la utilización de la radio y el canal del Estado para sus propios fines, provocó una cadena de condenas, tanto a nivel local como internacional. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro Aguirre, hizo notar claramente en su declaración, que la intención del gobierno, de gobernar a los medios de comunicación a través del control de su insumo básico, el papel, "se contradice con el artículo 32 de la Constitución que establece expresamente que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal, lo que implica que no puede haber leyes especiales que regulen a la prensa." Demás está decir que en Argentina rige la libre comercialización del papel hace años, sin aranceles para la importación y este elemento básico de la industria periodística no tiene problemas de escasez ni de abastecimiento.

Aparte de las diversas formas de acoso que hace tiempo sufre el periodismo en Argentina; -la falta de acceso a la información oficial, el manejo veleidoso de la publicidad del Estado, las visitas impositivas, las interrupciones a sus canales de distribución (los camioneros de Moyano cuando la reunión de la SIP en Buenos Aires el año pasado, impidiendo la salida de los diarios), la conjunción de funcionarios y periodistas a sueldo; las redes sociales y bloggeros a la orden para vilipendiar a quien no se domestica-; la acometida del otro día logró hasta el milagro de unir a la oposición. La cual desde el recinto parlamentario, donde se hallaban sesionando, expresó de manera firme su condena al accionar presidencial. Pero a pesar de ello, no se ve la misma solidez en el rechazo a las pretensiones dominadoras del proyecto mencionado, entre legisladores de partidos con mentalidad dirigista y de izquierda, siempre proclives al centralismo y la intervención del Estado, que podrían acompañar la iniciativa del FPV. La madurez del Congreso está a prueba.