Blindados

Acaba de tomar notoriedad, un decreto del Poder Ejecutivo, aprobado el 14 de julio, a través del cual se obliga a todos los operadores profesionales de dinero de terceros, a recurrir a los servicios de empresas transportadoras de valores. Vale decir, que todos los remeseros tienen que usar, compulsivamente, vehículos blindados con custodia armada, entre otras medidas de seguridad.

Esto muestra que nos seguimos aproximando a las realidades de países azotados por formas delictivas que habitualmente no solían darse en Uruguay. El decreto, según aclaró un inspector policial, "no se trata de una medida sugerida ni de recomendaciones especiales" sino algo "establecido".

Está claro: es sí o sí y no parece mal, dada la circunstancia que vive el país. Lo que está mal es que hayamos llegado a dicha circunstancia, que mueve a evocar casos y más casos. Por ejemplo, el del dueño de un local de Abitab del Cerro, quien fue secuestrado el pasado 28 de junio para obligarlo a entregar el dinero a delincuentes. Asimismo, el del dueño de otro local ubicado en Camino Maldonado, quien el 18 de agosto también fue víctima de atracadores.

O el del empleado de Abitab que el pasado lunes 23 del corriente fue asaltado cuando transportaba a pie, cerca de medio millón de pesos.

Son sólo algunos episodios recientes, recordables, que ilustran acerca de lo que vivimos en el Uruguay de hoy, donde las autoridades no aciertan a poner coto a la vasta ola criminal dentro de la cual se inscriben, cual sub-rubro, los atracos a remeseros.

Algo que amenaza con tomar dimensiones aun más alarmantes que las actuales, de aplicarse ciertas medidas prometidas por el gobierno frenteamplista.