Aumenta la violencia en México al tiempo que investigan la masacre

CIUDAD VICTORIA | AFP

La explosión de dos coches bomba la madrugada de ayer en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, acrecentó el clima de temor en el noreste de México, después de la masacre de 72 emigrantes y la desaparición de al menos dos investigadores.

Uno de los ataques ocurrido en Ciudad Victoria, capital estatal, dejó fuera del aire en la región al canal Televisa, principal cadena de televisión de México, aunque no provocó víctimas. Casi en forma simultánea se produjo otra explosión de coche bomba en las oficinas de tránsito, según confirmó el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández.

"A la una de la mañana se reportó la explosión de dos coches bomba aquí en la capital del estado. Una en las oficinas de tránsito municipal y otra en las instalaciones de Televisa", afirmó el jerarca.

Ambos ataques se produjeron en medio del fuerte despliegue de seguridad establecido en Tamaulipas tras revelarse la masacre de los migrantes. Retenes militares se mantenían ayer en las principales ciudades y carreteras del estado.

La explosión frente al canal ocurrió a la una de la mañana y "afortunadamente ninguno de nuestros compañeros resultó herido", dijo el presentador de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, al iniciar el telediario matutino. Una fuente del canal dijo que la explosión dañó las instalaciones de la estación, que se mantiene fuera del aire en la zona.

Ninguna organización se atribuyó el ataque hasta el momento, el tercero contra Televisa en el noreste de México en menos de 10 días según Reporteros Sin Fronteras, que pidió esclarecer si hay relación entre la cobertura de la masacre y el coche bomba.

Las explosiones ocurrieron en la capital estatal, mientras a 180 km en el poblado de San Fernando continuaba ayer el proceso para identificar a los 72 emigrantes de Centro y Sudamérica que fueron masacrados el martes en un rancho por presuntos miembros de "Los Zetas", que se encuentran en medio de una guerra contra el cartel del Golfo.

Un total de 31 cadáveres ya fueron identificados y entre ellos hay 14 hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño, informó ayer la fiscalía de Tamaulipas. Los cuerpos están siendo trasladados desde el municipio de San Fernando, donde fueron hallados los cadáveres en un rancho, hasta la ciudad de Reynosa, fronteriza con Estados Unidos. Allí, diplomáticos de cuatro países, entre ellos Brasil, Ecuador, Honduras y El Salvador, participaban en las tareas para identificar a las víctimas.

Anoche, el gobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández, confirmó la desaparición de dos agentes en la zona donde se hallaron los 72 cadáveres de inmigrantes.

A un investigador de la fiscalía estatal "se lo llevaron junto al coordinador de la policía del municipio de San Fernando", dijo Hernández en entrevista con Radiofórmula, al señalar que no se ha encontrado ningún indicio de quiénes se los llevaron.

El gobernador no facilitó la identidad del investigador pero detalló que se trata "del encargado de ir al lugar de los hechos donde estaban los 72 cuerpos de los inmigrantes" y que participó de las tareas periciales.

El presidente Felipe Calderón había informado antes sobre la desaparición de un investigador estatal mientras medios mexicanos habían señalado que había otro desaparecido y que era un funcionario de tránsito.

Hernández dijo que hay un gran despliegue de militares y policías buscando tanto a los dos desaparecidos como a los autores del asesinato de los inmigrantes.

La sospecha sobre la autoría de la matanza de emigrantes recae sobre Los Zetas, grupo creado por antiguos militares de cuerpos de élite que en los años noventa pidieron la baja o desertaron para unirse al cártel del Golfo y que ahora disputan a sus antiguos jefes el control de rutas del narcotráfico.

Un ecuatoriano que sobrevivió al ataque contra los migrantes dijo que los agresores se identificaron como miembros de este grupo, que además del narcotráfico utilizan el robo de combustible y el secuestro de migrantes para financiarse.

Calderón dijo ayer que la masacre es un hecho de "barbarie" que muestra el "tamaño del reto" que significa el crimen organizado "para la estabilidad democrática del país". El mandatario ya se había referido al reto que significa el creciente poderío del crimen organizado tras el asesinato en junio en Tamaulipas del candidato favorito para ganar la gobernación, atribuido a narcotraficantes.

El despliegue militar contra el narcotráfico ordenado por Calderón, con unos 50.000 soldados en las calles, es criticado por la oposición, que lo acusa de exacerbar la violencia de los carteles, a los que se atribuyen unos 28.000 asesinatos desde que comenzó su gobierno en diciembre de 2006.

Las cifras

31 Los cuerpos que, hasta el momento, han sido identificados entre los 72 cadáveres hallados el martes en Tamaulipas.

28.000 Los asesinatos atribuidos al narcotráfico desde que asumió Felipe Calderón la presidencia del país, en el años 2006.

Los familiares de las víctimas en Guatemala fueron extorsionados

AGUA CALIENTE | Las familias de algunos de los cuatro guatemaltecos masacrados presuntamente por el cartel de Los Zetas cerca de la frontera con Estados Unidos recibieron llamadas para exigirles dinero, aparentemente para permitirles a sus parientes continuar con su viaje.

"Ya se contactó a la familia, quienes lastimosamente informaron que estaban siendo víctimas de extorsiones y que de hecho les estaban solicitando 2.000 dólares por el rescate de estas personas``, dijo ayer la vocera de la cancillería, Andrea Furlán.

Irma Huertas, hermana de uno de los fallecidos, dijo que el 16 de agosto "llamó mi hermano para pedir 500 dólares y después fue el coyote quien nos llamó para pedir 5.000 dólares". El cambio de cantidad provocó sospecha en la familia y al preguntar qué estaba pasando "nos insultaron, nos trataron mal cuando les dijimos que no teníamos esa cantidad".

También Manuel Boch, padre de otro de los fallecidos, un joven de 17 años, dijo que ese mismo día recibió una llamada en que "nos trataron mal. Nos decían hijos de la gran diabla... nos pedían 1.000 dólares". Boch añadió que no creía que se tratara de una extorsión sino que era una cantidad que necesitaba para "seguir más adelante en México". Apuntó que la última vez que supo de su hijo fue el martes 9.

La cancillería informó que apoyará en la repatriación de los cadáveres de estos jóvenes cuando las autoridades mexicanas terminen la investigación criminal sobre el caso. Furlán dijo que no revelarán la identidad de los fallecidos pues se trata de un caso en el que se cometió un crimen. AP