El cuadro más grave

Con los números no basta para explicar un fenómeno social, como tampoco bastan las palabras, por más bonito y mejor intencionado que sea el discurso y por más formales que sean los documentos que lo respaldan. Pero a veces, por lo menos, los números ayudan a medir la magnitud de ese fenómeno, cosa que ocurre -por ejemplo- cuando se informa que en el Uruguay los asentamientos irregulares crecen a razón de cuatro viviendas por día. Ese ritmo, que si se mantiene comprometerá irreparablemente el equilibrio del tejido de esta sociedad, el marco de una seguridad ya tambaleante, las perspectivas de una integración cultural y las posibilidades de una convivencia en paz, es el que determina que durante los dos últimos años hayan surgido 2.830 nuevas viviendas en los 562 asentamientos del país, 335 de los cuales se encuentran en Montevideo. Se llama asentamiento a todo agrupamiento precario de más de seis viviendas, aunque hay algunos que albergan a más de cien, generalmente levantados sobre una propiedad ajena o un terreno fiscal.

Esas cifras indican que en el mismo período el número de personas que habitan en los asentamientos subió a escala nacional de 251.188 a 256.958, lo cual demuestra que esa población marginal ha aumentado en siete personas por día entre 2008 y 2010. Los datos, entre otros de carácter similar, han sido difundidos por la prensa en estos días, provienen del relevamiento efectuado durante varios meses por la organización Un Techo Para Mi País (filial Uruguay) y están acompañados por las conclusiones del Instituto Nacional de Estadísticas, que por su parte ofrece alguna estimación más alentadora en la materia.

Porque el INE calcula que unas 48.000 personas dejaron de ser pobres entre 2008 y 2009, lo que permite señalar que a fines del año pasado la pobreza afectaba al 20,9% de los uruguayos, contra el 22,4% de un año antes. Con todo, el cuadro sigue siendo impresionante, porque revela que 700.000 compatriotas (es decir, uno de cada cinco) viven hoy bajo el umbral de la pobreza y 53.000 de ellos se ubican en el fondo mismo de esa medición, ya que son indigentes, palabra aplicada a quienes no tienen posibilidad de satisfacer sus necesidades alimentarias. Para completar el diagrama, los informes del INE agregan que el 44% de los montevideanos menores de 6 años es pobre, nivel en el cual escasean -o simplemente no existen- los servicios de agua potable, saneamiento y luz eléctrica, por no hablar de otros servicios de orden medicinal, educacional, moral o afectivo.

Como es notorio, las autoridades siguen librando un combate contra tales carencias y enfrentan los desastres sociales (desintegración familiar, situación de calle, invalidez intelectual, violencia, droga) que se abren por detrás del desafío. Pero lo hacen con métodos asistencialistas que evidentemente no bastan, a juzgar por las cifras ya mencionadas. Esos métodos equivalen al calmante que se administra a un enfermo grave, capaz de aliviarlo pero no de recuperarlo. La dura matriz de la pobreza pide otro enfoque más penetrante y perdurable. Pide por ejemplo que se contemple el núcleo generador de su crecimiento, donde el auxilio debería comenzar por la epopeya (larga, difícil, riesgosa, quizás interminable) de la enseñanza, lo cual incluye no sólo el acceso a conocimientos y la adquisición de una capacidad personal, sino además la planificación familiar, el rescate de una dignidad perdida y la incorporación consciente y plena al cuerpo social del que los desposeídos se sienten expulsados. Este país recién está asomándose a esa enorme batalla y lo impostergable es que las autoridades comprendan que todavía no dominan las armas capaces de librar exitosamente esa lucha para salvar a los pobres y convertirlos en verdaderos ciudadanos, es decir seres equipados para hacer frente a la vida y distinguir sus propios derechos y obligaciones dentro del marco legal y las relaciones con el resto de la comunidad.