PABLO MELÉNDREZ
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) destituyó a la jueza Amalís Martínez, quien en marzo de 2008, ejerciendo como magistrada en La Paloma (Rocha) entregó a un particular un balneario de 200 hectáreas ubicado al borde del Océano Atlántico y valuado en US$ 4.000.000, en una decisión que fue severamente cuestionada por la Intendencia de Rocha. La magistrada hizo lugar a una acción de prescripción adquisitiva que planteó un hombre que señaló que durante 30 años se hizo cargo del predio conocido co-mo balneario Mar del Plata pagando los tributos y haciendo mejoras al lugar.
A raíz de las críticas hacia esa inusual y polémica decisión judicial, la SCJ inició una investigación administrativa para determinar si la jueza Martínez actuó o no correctamente.
Ese proceso terminó el lunes, cuando la magistrada (que tras el episodio había sido trasladada a la localidad de Aiguá, en Maldonado) fue notificada de la decisión de la Corporación que por unanimidad decidió destituirla.
"Se entendió que toda la actividad de la jueza en este caso implicó un error inexcusable, ya que hubo varias irregularidades", dijo a El País el ministro de la SCJ Jorge Ruibal Pino.
El balneario entregado a Luis Sosa -un militar retirado- se encuentra entre El Palenque y San Antonio y es cercano a La Pedrera. El lugar puede dividirse en chacras marítimas, lo que eleva sensiblemente el valor del predio
Sin embargo, al revisar el caso, el nuevo titular del juzgado de La Paloma anuló en septiembre de 2009 la prescripción adquisitiva que había sido otorgada por la ahora jueza destituida Martínez.
En su momento, la Intendencia de Rocha presentó un recurso ante la Dirección de Catastro reclamando 70 de las 200 hectáreas del balneario Mar del Plata donde deben existir espacios públicos.