Armada: la Fiscalía resuelve esta semana la situación de oficiales

La fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero entregará esta semana su dictamen a la jueza Graciela Gatti en el caso de las "compras fantasmas" en la Armada. Se estima que no menos de cuatro oficiales serán procesados.

Luego de tomar declaración a más de una decena de marinos de alto rango, desde el miércoles 11 el voluminoso expediente se encuentra a estudio de Ferrero, quien en el medio de gran expectativa tanto a nivel político como en la interna de la Armada, deberá emitir un pronunciamiento sobre las responsabilidades en los hechos.

Si bien la fiscal tiene la posibilidad de pedir el diligenciamiento de más pruebas, en realidad las instancias de investigación se agotaron, dijeron varios de los abogados que patrocinan a los oficiales indagados.

Por eso, se estima que Ferrero pedirá el procesamiento de, al menos, cuatro marinos a quienes se individualiza con mayor claridad como los responsables de diseñar y ejecutar la maniobra por la cual en 2008 se simuló la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600.000.

La clave radica en la interpretación que haga la fiscal respecto a la responsabilidad de los mandos principales de la Armada. Los oficiales investigados aseguraron que todo se llevó a cabo en pleno conocimiento del ex comandante Juan Fernández Maggio, quien negó tal extremo y dijo haberse sorprendido por la maniobra.

A raíz de esa y otras contradicciones, Gatti y Ferrero realizaron el pasado lunes 9 una serie de careos entre los implicados. En esa instancia todos mantuvieron sus declaraciones iniciales, por lo que no fue posible echar luz sobre los aspectos en los cuales había testimonios opuestos.

Según el informe de Interpol -unidad policial que investigó los hechos por orden de la jueza Gatti- en la Armada, a través de la simulación de compras, hubo una "verdadera maniobra de fraude".

Los oficiales indagados dijeron en el juzgado que el objetivo era obtener "fondos frescos" para solventar otros gastos de la fuerza. Sin embargo, no hay documentos que avalen esa situación, a la vez que existe un faltante de casi $ 4.000.000 de uno de esos "pagos".

SANCIONES. A nivel del Ministerio de Defensa y del Comando de la Armada, se da como un hecho que habrá varios oficiales procesados, por lo que ya se comenzaron a realizar los movimientos internos para relevar los cargos que dejarán vacantes esos marinos.

El comandante interino de la fuerza, Hugo Viglietti -quien asumió en el cargo tras la renuncia de Óscar Debali- resolvió con el ministro Luis Rosadilla la separación del cargo a varios oficiales que ocupan puestos claves en el Comando.

Rosadilla anunció días atrás que más allá de lo que establezca la Justicia, se tomarán "medidas ejemplarizantes" con los oficiales a nivel administrativo.

Más buques fueron interceptados

El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, José Amy (Vamos Uruguay), planteó en el Parlamento la "intencionalidad" del gobierno argentino de "ejercer presión" sobre los buques que navegan hacia las islas Malvinas y abastecen a sus habitantes, lo cual, además, sostuvo que perjudica comercialmente a Uruguay.

El legislador relató varios casos de buques de diversas banderas -algunos teniendo a Montevideo como puerto de escala- que a partir de mayo de este año fueron interceptados por guardacostas argentinos en aguas de uso común del Río de la Plata, en zonas bajo jurisdicción uruguaya de acuerdo con el Tratado del Río.

La medida responde a un decreto aprobado este año por el gobierno argentino que establece que todo buque que navegue a las Malvinas deberá pedir autorización. El gobierno argentino explicó que la medida se tomó para dificultar la prospección de petróleo que hace Gran Bretaña en las islas.

Según Amy, Uruguay se perjudica por la disminución de la actividad portuaria y porque se viola el Tratado del Río de la Plata.

En las interceptaciones de buques se consulta sobre cantidad de tripulantes, y el tipo y cantidad de carga que se lleva.

Según la Convención del Mar, todo buque tiene derecho a transitar por las aguas internacionales y al paso inocente por el mar territorial de las naciones.