Pablo Meléndrez / Daniel Isgleas
La Justicia terminó la indagatoria en torno a las "compras fantasmas" en la Armada. Ahora, se espera el pronunciamiento de la Fiscalía respecto a si pide o no procesamientos. Defensa tramita otras 14 denuncias por presuntas irregularidades.
Con la ronda de careos realizados ayer entre varios oficiales de la Armada, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero dieron por concluida la indagatoria por el sistema de compras ficticias en la Armada, que en 2008 simuló la adquisición de un banco de pruebas para motores y una grúa hidráulica por US$ 600.000.
Las magistradas sometieron a careo al ex comandante de la Armada, Juan Fernández Mag-gio y al ex responsable de la División Logística del Comando, Gerardo Feble. También comparecieron otros tres altos oficiales navales, cuyos testimonios presentan algunos aspectos contradictorios.
Según pudo saber El País, en los careos se mantuvieron las versiones contrapuestas dadas por los oficiales, por lo que la instancia no dio los frutos que esperaban la jueza Gatti y la fiscal Ferrero.
Por ejemplo, Feble reiteró que la simulación de las compras se realizaron según una orden verbal que le transmitió otro oficial de parte de Fernández Maggio. Tanto el militar aludido como el ex comandante insistieron ayer en que esos dichos no son ciertos.
Al retirarse del juzgado, Fernández Maggio -acompañado por sus abogados, Amadeo Otatti y Mario Spangenberg- declinó realizar declaraciones a los medios de prensa. Feble, en tanto, en escuetos comentarios, dijo que las cifras que se manejan no son correctas.
Ahora, el expediente pasará a estudio de la fiscal Ferrero, quien deberá resolver si pide o no procesamientos. Si bien la representante del Ministerio Público cuenta legalmente con un plazo de un mes para emitir su dictamen, se estima que la resolución se conocerá en los próximos días.
De acuerdo con el informe elaborado por investigadores de Interpol que tuvieron a su cargo el caso, los oficiales de la Armada -que admitieron realizar compras ficticias para reingresar "fondos frescos" a la fuerza- montaron "una verdadera maniobra de fraude".
Algunos de los abogados que representan a los militares más comprometidos en el investigación, dijeron a El País que es casi un hecho que habrá procesamientos. Sin embargo, indicaron que la clave está en la conclusión a la que arriben Gatti y Ferrero respecto a la responsabilidad del comando naval en el caso, ya que de ese punto dependerá la suerte de otros oficiales de mando medio que están siendo indagados.
MÁS DENUNCIAS. Por otra parte, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo ayer que su secretaría de Estado tiene en trámite 14 nuevas denuncias sobre presuntos casos de manejo irregular de fondos, en este caso en las Fuerzas Armadas.
Sin dar demasiados detalles, Rosadilla indicó que los hechos denunciados serán investigados a nivel interno y luego, en función de las conclusiones a las que se llegue, los casos se remitirán a la Justicia.
Además, Rosadilla informó que surgió "un nuevo elemento" en torno a la maniobra con vales de combustible del Ministerio de Defensa, y que motivó el procesamiento con prisión de un capitán de navío. Por eso, el ministro no descartó que a futuro se descubra la implicancia de otros oficiales.
En tanto, Rosadilla dijo que "a la brevedad posible" será instalado el Estado Mayor de la Defensa, órgano creado por la Ley de Defensa de 2008. "Estamos ultimando los detalles para poner a trabajar este Estado Mayor cuya primera tarea con fecha a entregar el 1° de noviembre será el esquema organizativo y funcional de una oficina centralizada para todas las unidades ejecutoras del Ministerio en materia de aplicación de programas de inversión. De esa forma, a partir del 1° de enero de 2011 estarán centralizadas, coordinadas, ordenadas y planificadas", señaló.
El ministro, en declaraciones realizadas ayer tras la reunión del Gabinete de Seguridad, recordó que hace diez días comenzaron a operar la Unidad Económico y Financiera y la Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.
AGREGADOS. Por otro lado, el ministro Rosadilla informó que junto a su colega de Relaciones Exteriores, Luis Almargo, inició un proceso de "rediseño total y absoluto del conjunto de agregadurías militares de Uruguay en el exterior".
Rosadilla dijo que la intención es establecer nuevos modelos de "conexión" entre los militares que cumplen funciones en el exterior para que tengan un contacto más fluido tanto con el Ministerio de Defensa como con la Cancillería.
En ese sentido, una investigación judicial, a cargo del juez Juan Carlos Fernández Lecchini, indaga presuntas irregularidades en el manejo de una cuenta de Defensa en el Banco República desde la cual se abonan los gastos de los agregados militares.
Esa cuenta, en 2009, tenía un saldo de US$ 500.000. La investigación judicial apunta a determinar aparentes usos irregulares de esos fondos para otros gastos que no tienen vinculación alguna con la tarea de los agregados militares en el exterior.
El juez Fernández Lecchini indagará a varios altos jerarcas militares así como a responsables administrativos del Ministerio de Defensa. También será investigado el ex ministro Yamandú Fau, quien durante su gestión (2002-2005) ordenó una transferencia de fondos de esa cuenta a otra.
En otro orden, Rosadilla expresó su visión personal favorable a reducir la cantidad de oficiales generales en las Fuerzas Armadas.
En tal sentido, dijo que el tema fue planteado en el Gabinete de Seguridad que acordó iniciar un proceso de estudio para "rever el número de oficiales generales de las tres fuerzas que son necesarios para llevar a cabo las tareas", declaró el secretario de Estado.
Policía apelará procesamiento
La defensa del oficial de Inteligencia procesado sin prisión por el delito de "revelación de secreto", por haber facilitado información a un capitán de navío sobre las investigaciones por las compras ficticias en la Armada, apelará la resolución de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti.
El abogado Pablo Barreiro, representante del policía, dijo a El País que su cliente "no reveló ninguna información reservada sino que en el marco de una investigación en la que no era parte, estaba buscando un contacto para buscar información. Y lo que pasó es que el contacto no fue el correcto".
Barreiro dijo que su representado, con el objetivo de ayudar al policía que tenía a su cargo la investigación por las "compras fantasmas" en la Armada, se contactó con el capitán de navío Álvaro Bacqué, quien es su ex concuñado, para pedirle información sobre el caso.
Así, el oficial naval obtuvo información para brindársela al policía, pero a la vez dio cuenta a sus superiores sobre el pedido. Y así fue que el Comando de la Armada informó al respecto a la jueza Gatti, quien terminó procesando al oficial de Inteligencia, hoy separado de su cargo por el Ministerio del Interior.
A su vez, Bacqué, fue procesado con prisión el fin de semana por el delito de "fraude", al constatarse que llevó a cabo una maniobra con vales de combustible en el Ministerio de Defensa por casi $ 7.500.000. El oficial naval está recluido en Cárcel Central, a la espera de que se resuelva dónde será alojado.