Difieren sobre control de fraude en unipersonales

MARCELA DOBAL

Crece la tensión entre empresarios y oficialismo en torno a cómo reducir el encubrimiento de relaciones de dependencia bajo la forma de unipersonales. Avanzan cambios legales pero aún no se diseñaron mejores instrumentos de fiscalización.

En un seminario organizado por CADE y El País, ocho expertos -incluido el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta- disertaron ayer sobre el polémico proyecto que impulsa la derogación del artículo 178 de la ley 16.713 de seguridad social, que esta semana obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados (ver aparte).

La representante empresarial en BPS, Elvira Domínguez, quien se opone a esa inciativa, sugirió en su ponencia que el registro de los contratos de servicio de las unipersonales a otras empresas sea obligatorio para todos los casos, para que el banco tenga más indicios para fiscalizar cómo trabajan.

Otros expositores como el ex ministro de Trabajo Santiago Pérez del Castillo y el asesor jurídico de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, estuvieron de acuerdo.

Pero Brenta dijo a El País que no es muy partidario de esa propuesta. "Nuestra visión siempre es inclusiva. Se trata de extender la protección social, no pensar en mecanismos burocráticos que al final dejan a la gente fuera de la seguridad social", explicó. Para el ministro sería "contradictorio" seguir ese camino cuando al mismo tiempo el gobierno está promoviendo trámites más sencillos para la creación de empresas.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, aún no tiene propuestas para mejorar la fiscalización. Brenta dijo que primero se creará un marco legal adecuado para las nuevas modalidades de trabajo autónomo y "una vez que esto se adecúe habrá resoluciones del propio BPS sobre cuáles son las formas más adecuadas de fiscalización".

ESTADO. Los organismos públicos también son contratantes de empresas unipersonales. "El Estado es el gran incumplidor", sostuvo Mario Pomatta, asesor jurídico del Pit-Cnt, refiriéndose a las más de 90 modalidades diferentes en que el gobierno contrata a trabajadores -cachet, becarios, pasantías, unipersonales- haciéndolos trabajar como dependientes pero sin darles la cobertura correspondiente a trabajadores dependientes.

Sin embargo, Pomatta es partidario de la derogación del artículo 178 y afirmó que quienes están en contra "son los mismos que apuestan a la desregulación laboral" y "que no impulsaron el sistema de negociación colectiva".

La situación de irregularidad en el Estado también estuvo sobre la mesa. La representante empresarial advirtió que si se aprueba el proyecto de ley que impulsa el oficialismo se "expondrá al Estado a infinidad de juicios".

La empresaria dijo que, si se comprobara que las unipersonales que contrata el Estado están en relación de dependencia y los trabajadores no son incorporados a las plantillas, se iniciarán juicios contra la administración de la misma manera que ocurriría en el sector privado.

Por su parte, Mailhos afirmó que la eliminación del artículo 178 está amparada en una "posición doctrinaria" que no es respaldada con cifras. "Se anuncian una cantidad de males sobre estos contratos (en el BPS) pero nunca se dieron cifras que den cuenta de su magnitud", sostuvo.

Hasta el momento, el BPS informó que existen unas 170.000 unipersonales y cerca de 580 suscribieron contratos, pero no se han aportado datos sobre cuántas estarían en infracción y encubrirían relaciones de dependencia. Además, Domínguez dijo ayer que esas 580 empresas solo son las inscriptas en 2009, pero que el total de registros podría alcanzar "tal vez a 3.000".

Por su parte, los asesores jurídicos del Ministerio, Álvaro Rodríguez Azcúe y Hugo Barretto, dijeron que Uruguay debe seguir la recomendación de la Organización Internacional de Trabajo de tomar medidas eficaces para eliminar incentivos que fomenten las relaciones encubiertas. También recordaron que el artículo 178 "enturbia" la distinción entre trabajo subordinado y autónomo y fue aprobado en un contexto de desregulación laboral.

Artículo polémico

Con la derogación del artículo 178 se eliminaría el mecanismo por el cual las unipersonales pueden inscribir sus contratos de servicio con otras empresas ante el BPS a cambio de beneficios que a entender del oficialismo facilitan el encubrimiento de relaciones de dependencia y dejan a los trabajadores con menor protección social. Todas las cámaras empresariales y algunos expertos creen que con esa derogación se pierde "certeza jurídica" y será más difícil para el BPS fiscalizar a las unipersonales.