JAVIER GARCÍA
La modificación de la política antitabaco que el gobierno estudia sirvió de excusa para que Tabaré Váz-quez ejerciera una especie de poder de veto sobre el actual gobierno. El diferendo interno en el Frente Amplio es uno de los aspectos del problema, otro es las consecuencias eventuales de una demanda de la multinacional Philip Morris contra el Estado uruguayo, y otra es la reiteración de un fenómeno que se va haciendo normal que es la injerencia de organismos internacionales sobre las decisiones soberanas de Uruguay.
Desde hace un tiempo distintas organizaciones internacionales se dedican a opinar sobre asuntos internos nuestros o nos amenazan con sanciones.
Vivimos en una comunidad global y además Uruguay ha sido históricamente respetuoso del derecho internacional. Nos preocupa sí la reiteración de hechos que significan que nuestras decisiones sean permanentemente objetadas desde el exterior y que se ejerza con Uruguay un celo que con otros países de otro porte y poder no se tiene. A veces se parece más a un intento de tutela.
Un emprendimiento productivo como la planta de celulosa del litoral, ubicado en nuestro suelo, termina en un pleito en La Haya. Ninguna otra planta de celulosa de las que sí producen contaminación ubicadas en Argentina interesó nunca a organismo ni tribunal alguno en el mundo. Respetuosos fuimos a La Haya.
La locura de unos pocos piqueteros apañados por el gobierno argentino nos bloqueó durante años, esa agresión no le movió un pelo a ningún vecino cercano ni lejano. Apenas una tímida resolución de un tribunal del Mercosur que nadie acató ni exigió acatar.
Otro ejemplo. La ley de Caducidad reúne tres legitimidades: su aprobación parlamentaria y dos convocatorias de democracia directa, en referéndum y en plebiscito. Los uruguayos soberanamente decidimos, la última en octubre pasado. Pues bien ahora un tribunal de la OEA amenaza con sanciones si no la derogamos. En Brasil no se ha puesto preso a un solo militar por violar los derechos humanos en su dictadura, sin embargo la OEA de eso no dice nada, sí de nosotros. A los presos políticos de Cuba los libera la presión de la iglesia y España y la OEA ni aparece. Deberían preocuparse de la violación de los derechos humanos que existen en América hoy, y dejar tranquilo a un país como Uruguay que no necesita tutelas vergonzantes.
Y ahora la poderosa multinacional tabacalera presenta una demanda en un tribunal del Banco Mundial. La amenaza impactó en la política local. Es un tema complejo, pero las políticas en juego son de resorte nacional. Quizás nos utilicen como banco de pruebas y seamos parte de un juego jurídico a varias bandas. Veremos cómo salimos de este embrollo, pe- ro sería bueno ejercer nuestra autonomía. El tema es mucho más profundo que una decisión puntual, es impedir que Uruguay sea el conejillo de indias de aquellos burócratas inter-nacionales que por plata o por política reivindican el derecho internacional con los países pequeños mientras se callan cuando los países poderosos lo violan todos los días.