En la picota

El tema de los que ocurre en la Armada Nacional, con compras fantasmas y dineros que desaparecen a través de una intrincada red de maniobras, es doblemente grave. Hay por un lado una responsabilidad penal que la Justicia deberá determinar hasta dónde llega y a quién comprende, porque no estamos hablando de cambio chico, sino de miles y miles de dólares que se han esfumado.

Y por otro, observamos con indignación como el personal de tropa de la marina cobra salarios indignos, mientras las altas esferas dilapidan o desvían los dineros a su antojo, un antojo que no incluye algún apoyo para mejorar por vía indirecta la situación de los subalternos. Porque si así fuera, podríamos criticar el apartamiento de la legalidad en los procedimientos, pero deberíamos reconocer que el fin último habría sido la búsqueda de atemperar una flagrante injusticia social y la condena no sería tan severa.

Pero no, el informe que el Ministro de Defensa, Luis Rosadilla brindó al Parlamento apunta a la existencia de una organización "casi perfecta", formada por marinos y civiles, que durante 2006 al 2009 eludió controles legales y generó millonarios (en dólares) beneficios para los implicados. Lo trascendido hasta ahora significa un deshonor para una institución como la Armada, que supo escribir páginas nobles en la historia y sus responsables deben pagar por ello.

La investigación judicial (a cargo de la jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti) recién empieza y se adelanta que tendría gravísimas derivaciones. Pero mientras eso ocurre, reconforta la posición unánime de todo el espectro político de alinearse junto al titular de Defensa en el esclarecimiento total de los hechos.