Cara y cruz de un país

Se calcula en 56.000 millones de dólares el volumen anual de los negocios que mueve la mafia italiana, tanto en el campo legal como en la esfera clandestina. Al hablar de mafia se alude a las tres mayores organizaciones criminales de ese país. La más vieja y famosa es la cosa nostra siciliana, con amplias ramificaciones en Estados Unidos, aunque últimamente ha redoblado su notoriedad la camorra napolitana, que opera en Campania con una violencia inusitada. Pero la mafia restante es la calabresa, en torno a las ciudades de Reggio y Cosenza, cuyo nombre -`ndrangheta- debe pronunciarse como esdrújulo, con acento en la primera sílaba. Actualmente, esa enorme banda meridional es la más influyente y más rica de Italia (probablemente también la más temida) dentro de un mundo del crimen que controla el tráfico de drogas y de armas, la extorsión de comerciantes e industriales, la prostitución y la trata de inmigrantes a escala internacional, aunque ha tenido la habilidad de lavar su dinero a través de terrenos legales, como el gastronómico. Se estima que uno de cada cinco restaurantes de Italia es propiedad de la mafia. Esos miles de establecimientos dan trabajo a 16.000 personas y rinden unos mil millones de euros al año. Para tener idea del poderío calabrés, cabe agregar que tiene el monopolio de la circulación de cocaína en toda Italia.

Esos pormenores deben señalarse ahora, porque la mafia calabresa acaba de ser golpeada severamente por dos operativos policiales, uno de los cuales (el martes 13) permitió arrestar a 300 personas, incluido el prófugo octogenario que figura como el dirigente principal de la organización, mientras en el otro operativo (miércoles 21) se detuvo a otros 67 integrantes, mayormente en Turín y Milán, donde la `ndrangheta tiene sus grandes sucursales. Ambos acontecimientos fueron celebrados ampliamente por toda la prensa italiana, que sin embargo tiene en estos momentos algunos motivos para quejarse. Sin ir más lejos, el viernes 9 los principales diarios del país dejaron de publicarse en un insólito ejemplo de protesta contra un proyecto de ley auspiciado por el gobierno, que fija límites a las escuchas telefónicas como método de investigación policial y judicial. La prensa -y buena parte de la clase política y la opinión pública- aducen que esas escuchas, a pesar de ser irregulares, han facilitado los exitosos operativos contra la mafia en los últimos tiempos, y agregan que la norma propuesta beneficiará en cambio a los negocios ilegales y a los sectores más corruptos del circuito oficial. Por eso denominan "ley mordaza" al proyecto que desde mañana será tratado en Roma por la Cámara de Diputados y que llegado el caso impondrá grandes multas a las publicaciones que no respeten sus rigurosas prescripciones.

Esa ley ha despertado las consiguientes inquietudes entre quienes defienden la libertad de expresión, territorio particularmente sensible en un país como Italia, que durante dos décadas del siglo XX debió soportar la censura del régimen mussoliniano, cuyas durezas afectaron en primer lugar a la prensa. Pero allí no radica el único motivo que preocupa en Italia a nivel parlamentario. Como reflejo de la crisis financiera internacional, y de los notorios apremios que por ello sufren Grecia, Portugal o España, en estos días en Roma también debe tratarse un plan de ajuste nacional que recortará en 32.000 millones de dólares los gastos públicos. Con ello Italia tratará de abatir un déficit fiscal que supera el máximo admitido por la Unión Europea y la acerca al antecedente poco envidiable de Grecia. Aunque sigue figurando como la séptima economía del mundo, Italia es un país lleno de contradicciones y parece difícil imaginarla embarcada en un severo plan de austeridad. Pero los apremios son tan graves que el Estado ha comenzado a transferir a las comunas y a las administraciones regionales la propiedad de muchos bienes (islotes, playas, bosques, faros, lagos y castillos) para ser eventualmente vendidos a particulares y obtener así recursos cada día más necesarios.