Los precios

Lo que pasó en 2008 todavía está fresco. En aquel entonces, el equipo económico liderado por el ahora vicepresidente Danilo Astori dijo que no había razones para esperar que algunas decisiones macroeconómicas adoptadas por el gobierno y el impacto de los ajustes salariales acordados en las tripartitas impactaran de manera significativa en los precios y apartaran la inflación de las optimistas proyecciones oficiales.

Astori insistió en que todo estaba bajo control. Que los precios se comportarían como él aseguraba. Que no había de qué preocuparse. Que nada de lo que el gobierno hacía o no evitaba provocaría un brote inflacionario.

Los empresarios confiaron. Pero cuando Astori se percató de que el brote inflacionario existía y el monstruo se volvía incontenible, desde el gobierno se terminó pidiendo (en muchos casos exigiendo) a los empresarios que implementaran significativas y rápidas reducciones en los precios de sus principales productos, como única forma de evitar que el IPC anualizado alcanzara los fatídicos dos dígitos, lo que hubiera disparado las cláusulas gatillo incorporadas en los convenios salariales.

El desastre se evitó. Y se evitó con la cooperación de los empresarios, que lejos de haber remarcado los precios de manera irresponsable accedieron, a costa de sus márgenes y a veces haciendo esfuerzos altamente costosos, a bajar los precios de sus productos a pedido de un gobierno que, al mismo tiempo, convalidaba fuertes aumentos salariales y cobraba altas tarifas públicas.

El nuevo gobierno se enfrenta ahora con un escenario similar. Algunas de las decisiones ya adoptadas han contribuido a elevar la inflación algo por encima de las expectativas originales. Y se avecina una nueva ronda de negociación salarial a la que los trabajadores llegan, como es habitual, reclamando fuertes aumentos en las remuneraciones y hasta con banderas de reducción de la jornada laboral.

Las empresas tiemblan. Está en ciernes un escenario similar al de 2008, con costos en alza y una inflación que hay que controlar. Y no son pocos los que ya temen que al final del día se le vuelva a pedir al empresario, desde el gobierno, que implemente rebajas de precios que permitan contener la inflación y llevarla a los rangos proyectados.

Pero esta vez hay una diferencia. El actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo, ha señalado públicamente que si hay un brote inflacionario el gobierno dispondrá una rebaja de las tarifas públicas. Se ha comprometido a ello. Ello equivale a decir que será el Estado, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, el que hará el esfuerzo de ajustarse el cinturón para contener el flagelo de la inflación.

No es poco. Lorenzo deberá soportar, de seguro, presiones de sectores frentistas que pretenderán seguir aumentando el gasto público y pasar finalmente la factura a los empresarios, sin entender que son precisamente las empresas las que generan empleo y desarrollo.

Que a Lorenzo le vaya bien en esta cruzada es vital para el país y su gente.

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