Ministerios y entes contra nueva ley laboral

A pesar de que el Poder Ejecutivo impulsó la reforma del proceso de la Justicia Laboral, varios organismos y dependencias oficiales reclamaron la inconstitucionalidad de la nueva norma ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como estrategia en juicios donde figuran como demandados.

Esa situación quedó reflejada en un fallo de la SCJ del pasado 19 de julio, que declaró inconstitucional la nueva normativa en cuanto a la obligación que impone depositar el 50% del monto de la condena y lo que establece en torno a la inasistencia a la audiencia, donde si no concurre el demandante se deberá archivar el expediente, pero si no asiste el demandado se fallará con los elementos con los que cuente el magistrado.

Esta sentencia -emitida en el marco de un reclamo laboral contra el Casmu- confirma la posición de la Corporación en torno al nuevo sistema procesal que se aplica en la Justicia Laboral, ya que la primera resolución en torno al tema fue aprobada a fines de junio.

La sentencia emitida hace unos diez días, redactada por el ministro Leslie Van Rompaey, plantea que "es del caso señalar que el Estado y algunos entes públicos al ser demandados en proceso laborales" regidos por la nueva ley reclamaron la inconstitucionalidad de la norma ante la Corporación.

Eso ocurrió en demandas que vinculan al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, a Antel y al INAU, dice la sentencia de la SCJ, a la que tuvo acceso El País.

"INCOHERENTE". El abogado Santiago Pereira Campos, especialista en Derecho Procesal, dijo que la conducta de los organismos públicos y ministerios que plantearon la inconstitucionalidad de la nueva Ley Laboral es "incoherente desde el punto de vista procesal".

El abogado recordó que el nuevo sistema procesal fue impulsado por el Poder Ejecutivo "y cuando se va a aplicar esa ley en juicios que involucran a dependencias oficiales, se pide la declaración de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia", señaló a El País.

Pereira Campos dijo que esa situación muestra dos visiones de parte del Poder Ejecutivo, porque "por un lado dice que la ley es buena y por otro sostiene que es inconstitucional".

"La sentencia de la Corte muestra que no es sencillo defender la constitucionalidad cuando es el propio Poder Ejecutivo quien la plantea", acotó.